El proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027 nació con un faltante de $30,2 billones y una estructura que preocupa a los expertos: cada vez más recursos se destinan al pago de la deuda y menos a la inversión pública.
La Contraloría General advirtió que el mayor crecimiento del gasto corresponde al servicio de la deuda, mientras los recursos para funcionamiento e inversión permanecen prácticamente congelados.
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“Esta composición incrementa la presión sobre las finanzas públicas y reduce el margen para impulsar el desarrollo”, según la Contraloría.
El análisis del ente de control también concuerda con el realizado por el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual subrayó que el servicio de la deuda aumenta su participación de 18,1% (2026) a 20,5% y sería mayor que el de los ministerio de Educación y Salud.
El director del Observatorio, Mauricio Salazar, informó que, una vez ajustada la apropiación vigente por la inflación proyectada para 2026 (6,0%), el PGN 2027 registraría una reducción real de 2,3% frente al de 2026, por lo que en realidad pasa de $589,17 billones a $575,7 billones.
El economista precisó que esta reducción no se distribuye de manera homogénea, porque los recursos de funcionamiento e inversión disminuirán 5,2% y, por el otro lado, el servicio de la deuda aumenta 10,9%, es decir, el crecimiento de este componente sería aproximadamente el doble de la reducción observada en los demás rubros.
Destacó que, en contraste, tanto funcionamiento como inversión perderán participación; la inversión pasará de representar el 16,1% (2026) al 15,6% del PGN, mientras que funcionamiento disminuirá de 65,8% (2026) a 63,9%.
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“La participación de la inversión sería la más baja desde 2019, lo que podría representar un reto para alcanzar las metas de recuperación de la inversión planteadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026”, añadió el experto en finanzas públicas.
Recursos por sectores
Desde la perspectiva sectorial, según Mauricio Salazar, el Servicio de la Deuda concentraría la mayor apropiación presupuestal, con $115,1 billones, equivalentes a cerca del 20% del PGN. Esta cifra supera los recursos asignados a Educación ($92,5 billones) y Salud ($79,7 billones).
Al analizar las variaciones reales por sectores, el mayor incremento corresponde a Inclusión Social y Reconciliación, cuya apropiación aumentará en $13,1 billones, equivalentes a 93,5%.
Le seguirían Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con un crecimiento real de 15,5%, al pasar de $2,42 billones a $2,79 billones, y el Servicio de la Deuda Pública, con un aumento de 11,7%.
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En el extremo opuesto, Igualdad y Equidad registrará la mayor reducción, al pasar de $12 billones a $0,12 billones, una caída de 99%, coherente con el proceso de liquidación de esta cartera.
También se bajarán de manera importante los recursos de Presidencia, que pasarían de $10,1 billones a $2,8 billones, una disminución de 72,1%, y los de Minas y Energía, con una caída real de 46,9%.
“Estos datos muestran que el debate legislativo no debería concentrarse únicamente en el tamaño total del presupuesto, sino también en su composición: aumenta el peso de la deuda, se reduce el espacio para inversión y se presentan cambios sectoriales de gran magnitud”, concluyó el economista.
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