Circulan en redes sociales seis borradores de decretos propuestos por el Ministerio de Trabajo, los cuales buscan reintroducir seis puntos sensibles para estas organizaciones que fueron eliminados en el primer debate legislativo sobre la reforma laboral.
Entre los aspectos que se buscan regular está la negociación por niveles, la intermediación laboral ilegal, la votación de la huelga, los tribunales de arbitramento, los comités de convivencia laboral y la huelga en servicios públicos esenciales.
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De acuerdo con el abogado laboralista y asociado senior en Chapman Wilches, Juan Miguel Cortés Quintero, la aprobación de estos decretos añade un costo adicional a las empresas, las cuales ya están enfrentando desafíos significativos debido a la medida de reducción de la jornada laboral, que comenzó a regir hoy, pasando de 47 horas semanales a 46 (hace un año disminuyó una hora también).
“Con la implementación de los nuevos decretos se podría afectar su capacidad para mantenerse competitivas y rentables en el mercado”, agregó Cortés.
Destacó que uno de los decretos hace referencia a que los beneficios que se otorguen a un grupo de trabajadores deben ser aplicados en todas las empresas de la misma industria, lo cual resultaría en qué los sindicatos de empresas grandes impongan sus beneficios extralegales sobre las medianas y pequeñas, que no podrían soportar por su nivel de ingresos u operación.
Otro de los textos propone que las compañías de servicios públicos esenciales (transporte, comunicaciones, electricidad, gas, aseo y de agua) puedan realizar huelgas, lo que podría tener graves implicaciones, al interrumpir la prestación de servicios.
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Tercerización laboral
El experto en Derecho Laboral sostuvo que el decreto que representa el mayor riesgo es el relacionado con la tercerización laboral, porque, en un intento por solucionar las malas prácticas en este tipo de contratación, el ministerio busca imponer una serie de restricciones contra la intermediación laboral ilegal, en vez de reforzar sus facultades de inspección y vigilancia.
Esto es preocupante ya que, en Colombia, el 98% de las Mipyme se dedica a ser contratista de servicios para grandes compañías.
Juan Miguel Cortés expresó que se pretende limitar a las empresas a establecer condiciones para la prestación de los servicios como: horarios y lugares de trabajo del contratista, lo que afectará la prestación de servicios de vigilancia, mantenimientos, aseo, entre otros a través de outsourcing.
El documento también contempla que ese tipo de organizaciones debe demostrar capacidad financiera, administrativa y un alto nivel de provisión contable, lo cual limita su acceso a nuevas contrataciones. Ese requisito es especialmente restrictivo para estas empresas, que a menudo operan con recursos limitados y podrían quedar sin margen de maniobra.
El texto establece que las Mipyme no pueden depender únicamente de un cliente o ejecutar sus servicios exclusivamente para un contratante. Esto va en contra de las políticas de apoyo a nuevos emprendimientos, ya que, al empezar, es común que tengan pocos clientes y vayan aumentando con el tiempo.
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“Sin embargo, el Ministerio del Trabajo considera esto como intermediación laboral ilegal, lo cual podría limitar el nacimiento de nuevos emprendimientos. En este sentido, la mejor alternativa para las Mipyme es anticiparse a los decretos y prepararse adecuadamente para los posibles cambios”.
¿Qué deben hacer?
El abogado laboralista dijo que las empresas deben desarrollar estrategias para mitigar los riesgos identificados. Esto podría incluir la implementación de nuevas políticas internas, la reestructuración de procesos, o la búsqueda de asesoría legal y financiera para asegurarse de cumplir con las nuevas regulaciones sin comprometer la viabilidad del negocio.
“Si bien, estos documentos aún no entran en vigencia, la anticipación es la alternativa de solución más plausible. Esto no requiere tomar medidas inmediatas, pero sí tener mapeados los riesgos y considerar los costos asociados con estos cambios”.
Cortes sostuvo que, al anticipar y planificar esos costos, las empresas pueden ajustar sus presupuestos y procesos para dar cumplimiento con la normativa laboral y buscar formas de financiar estas transiciones sin ver afectada su supervivencia en el mercado.
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