Colombia tiene hoy más regulación de datos que hace cuatro años, más conectividad que hace una década y un mandato legal que convierte el Open Finance en obligatorio. Lo que no tiene, todavía, es un ecosistema donde los ciudadanos puedan ejercer control real sobre su información.
Esa distancia entre lo que la norma ordena y lo que la infraestructura permite es el problema central que el próximo gobierno deberá resolver, y no solo en el sector financiero.
La confianza digital se construye con sistemas que registran el consentimiento, lo propagan entre actores, lo hacen comprensible para el usuario y permiten revocarlo sin fricciones. Hoy, esa capacidad técnica no existe de forma generalizada en ninguna industria del país.
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El sector financiero, el retail, los operadores de salud, de telecomunicaciones, las plataformas educativas, gobierno y cualquier organización que dependa del dato personal para funcionar enfrentan el mismo desafío, pues cuentan con la obligación legal de proteger la información de sus usuarios, pero no necesariamente con las herramientas para hacerlo de forma auditable, trazable y verificable. En ausencia de esa capacidad, cada expansión del ecosistema digital amplía la exposición en lugar de reducirla.
Sin duda, el Decreto 0368 de 2026, que hace del Open Finance una realidad obligatoria, es un punto clave en este proceso, sin embargo, heredar un marco normativo no equivale a tener un ecosistema funcionando. Habilitar el intercambio de datos financieros entre entidades sin una capa robusta de gestión del consentimiento es trasladar la responsabilidad al usuario sin darle los instrumentos para ejercerla.
Para que el Open Finance contribuya a inclusión financiera, el ciudadano debe poder decidir qué datos comparte, con quién, para qué fin y por cuánto tiempo; y esa decisión debe estar respaldada por sistemas que la ejecuten, no solo por formularios que la registren.
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El nuevo gobierno tiene la oportunidad de convertir este mandato en un modelo de implementación efectivo, estableciendo estándares técnicos que exijan a todos los actores del ecosistema contar con plataformas de gestión del consentimiento auditables por el regulador y comprensibles para el usuario.
Esa misma lógica debe extenderse a los esquemas de verificación de identidad. Las contraseñas, las preguntas de seguridad y los códigos de un solo uso son estructuralmente insuficientes frente a las técnicas actuales de fraude, que se nutren precisamente del volumen de datos personales que ya circulan sin control.
Los métodos más avanzados, biometría, autenticación multifactor contextual, verificación en tiempo real, resuelven parte del problema pero generan datos aún más sensibles, lo que eleva la exigencia de gobernanza en lugar de reducirla. Adoptar nuevas tecnologías sin actualizar la arquitectura de protección es sustituir un riesgo por otro de mayor magnitud.
Por otro lado, solo el 31% de los colombianos conoce el concepto de Open Finance, pero cuando sus beneficios se explican con claridad, la disposición a participar crece de forma significativa. Esa cifra revela que la brecha, más allá de la conectividad, es también de comprensión sobre los derechos que la ley ya reconoce.
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Cerrar esa brecha no es una campaña de comunicación, sino un punto de política pública que debe operar en paralelo con la infraestructura, porque un ecosistema donde los usuarios no entienden qué significa el consentimiento que otorgan no produce confianza. Las regiones con menor penetración de servicios digitales son las más vulnerables a esa dinámica, porque acceden a la economía digital sin los marcos de referencia que les permitan navegar en ella con criterio.
Para las organizaciones el cumplimiento normativo seguirá siendo un piso mínimo que poco ven como una ventaja competitiva. A pesar de ello, lo que distinguirá a las empresas que construyan posición sostenible en el mercado será su capacidad de demostrar, de forma verificable, que el dato personal que gestionan tiene trazabilidad, que el consentimiento que obtienen es informado y revocable, y que sus sistemas de seguridad están calibrados para el nivel de riesgo que operan.
El costo de no hacerlo puede medirse fácilmente en multas o sanciones, pero aún más importante es a través de la confianza de los usuarios, que en un entorno de datos abiertos tienen, por primera vez, alternativas reales.
Lo que determinará si el próximo gobierno consolida un modelo de economía digital confiable o administra una sucesión de incidentes regulatorios es la decisión de tratar la infraestructura de confianza, el consentimiento gestionado, la trazabilidad del dato, el control efectivo del titular, con la misma prioridad estratégica que la infraestructura de conectividad.
Por Nathalia Landeta, CEO y cofundadora de Certena.
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