A comienzos de la década de los años treinta, Cúcuta era una de las tres capitales de departamento que carecía de una institución que se dedicara a investigar e ilustrar la historia regional en sus diversas ramas como la arqueología, la conservación de archivos, monumentos públicos y reliquias históricas; que coadyuvara a la solemne celebración de las fiestas nacionales y de propagar por medio del libro, el folleto y la prensa periódica, los valores culturales, patrióticos y cívicos del departamento y de su ciudad capital.

Preocupados por estas ausencias, los diputados nortesantandereanos tramitaron y probaron la Ordenanza 42 de 1934, mediante la cual se creaba el Centro de Historia Nortesantandereano, norma que permitió su posterior organización mediante decreto 673 de 1935, expedido por el gobernador Manuel José Vargas y su Director de Educación Pública, Felipe Ruan.

En una breve descripción de este decreto se define que las funciones de Centro serán las establecidas en la Ordenanza mencionada y se nombran como miembros de número a sus doce primeros integrantes: Francisco A. Torres; Rafael Espinosa; Teodoro Gutiérrez Calderón; Ciro Antonio Gómez; José María Vesga Villamizar; Luis Eduardo Pacheco; Luis Gabriel Castro; Luis Eduardo Romero; Bernardo José Hernández; Miguel Durán Durán; León García-Herreros y Arturo Villamizar Berti.

Además se establece que mientras se dispone de la partida necesaria para el pago del Secretario del Centro, ésta será ejercida gratuitamente por el Oficial Mayor de la Dirección de Educación Pública.

Termina el decreto estableciendo que el Centro editará mensualmente un órgano periodístico en la Imprenta Oficial del Departamento. Años después, en 1973, el Congreso de República dictó la Ley 43, por la cual se crea la Academia de Historia del Norte de Santander.

En 1986, mediante Resolución 3026, la Superintendencia de Notariado y Registro, autorizó a las Notarías Primera y Segunda de Cúcuta, entregar en custodia a esta Academia, parte de sus archivos históricos notariales. De igual manera, la Asamblea Departamental entregó los documentos en los que se consignan el archivo de las Ordenanzas expedidas en los períodos de 1913 a 1974, así como otros documentos del municipio de Cúcuta y de otros municipios como Pamplona y Villa del Rosario.

Entre sus documentos más importantes están todos los documentos de la Compañía del Ferrocarril de Cúcuta, una de las empresas más grandes del país en la época de finales del Siglo XIX y comienzos del XX. En la actualidad sigue siendo una institución que se debate entre la indiferencia de los entes oficiales y del público en general, que solamente se habla y se oye de ella, en algunas fechas históricas, en las que estatutariamente debe participar.

Aunque hoy pareciera olvidada y poco participativa, la Academia propició, a principios del nuevo siglo, una vibrante discusión que se difundió a nivel nacional, no sin mayores repercusiones pero sí captando la atención de la ciudadanía, en particular con los más jóvenes.

Veamos qué sucedió y que tiene relación con el título de esta crónica. Durante los primeros años del siglo XXI, en la Academia de Historia del Norte de Santander se presentaban y estudiaban propuestas muy serias, sobre temas históricos que ameritaban ser analizados y debatidos para más tarde, tomar decisiones que actualizaran o enmendaran algunos “errores” cometidos al calor de las circunstancias, sin que se tuviera en cuenta su posible trascendencia, que sólo con el tiempo se presentaría.

Nombrado presidente de la Academia, el prestigioso médico Pablo Emilio Ramírez Calderón, propuso a sus compañeros de sala, el estudio de una iniciativa que rondaba en su cabeza y en la de algunos otros académicos sobre la omisión del nombre del máximo prócer de la independencia del país y originario de esta tierra, el general Francisco de Paula Santander, en el Himno Nacional.

Este olvido, puso a meditar a los intelectuales de la región quienes consideraron la posibilidad de modificar la letra del Himno Nacional, específicamente en la sexta estrofa. Así que confiados en esta determinación, el pleno de la Academia nortesantandereana remitió a la Academia Colombiana de Historia, un modelo de modificación a la estrofa mencionada, en el que se sugiere se incluya la mención del “Hombre de las Leyes”, para que fuera analizado, debatido y aprobado.

En los debates salieron a relucir que en el Himno se mencionan los nombres de próceres que van desde Cristóbal Colón, en la segunda estrofa, los del general Simón Bolívar en la sexta y de Antonio Nariño y el capitán Antonio Ricaurte en la undécima.

Luis Eduardo Lobo, quien era vicepresidente de la Academia por la misma época, argumentaba que había que resaltar la importancia del general Santander no sólo como organizador y fundador civil de la República, sino como el primer vicepresidente de la Grancolombia y el presidente que durante más tiempo gobernó el país.

En el mismo oficio enviado a la Academia Colombiana, se hace precisión sobre otro “error”, esta vez en la tercera línea de la sexta estrofa en la que se aclara que los centauros no descendieron a los llanos sino que ascendieron de los llanos, primero al Pantano de Vargas y luego al Puente de Boyacá.

Dice Pablo Emilio Ramírez Calderón, en una entrevista realizada con ocasión de esta propuesta que “…llevaba pensando sobre la injusticia que se cometió con el general Santander y venía madurando esta idea, de que algún día había de corregirse ese error histórico, y creo que ha llegado la hora, porque se lo merece sobradamente”.

Recibidos los documentos en la Academia Colombiana, su presidente debe proceder a nombrar una comisión de estudio, conocedora del tema y presente su concepto sobre la viabilidad de lo propuesto. La decisión sobre la modificación deberá ser unánime para que sea acogida en el pleno y que como se trata de un símbolo patrio, los cambios deben someterse a la aprobación del Congreso. No conocemos los resultados, pero sí sabemos que el Himno no ha sido modificado, así que asumimos que la propuesta no fue aceptada y hasta ahí llegó.

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