Las últimas 78 horas han sumido a Norte de Santander en una espiral de violencia desatada por el Ejército de Liberación Nacional (Eln), dejando un rastro de sangre y destrucción a su paso.
Con siete muertos, dos heridos, y daños en infraestructuras estratégicas, el panorama en el departamento vuelve a teñirse de un rojo sombrío.
La negativa del Gobierno Nacional de retirar al Eln de la lista de grupos terroristas, provocó el fin del cese bilateral al fuego y el inicio de una nueva oleada de terror, que amenaza con arraigarse nuevamente en la región.
Otros dos soldados muertos
La mañana de ayer se registró el tercer enfrentamiento en menos de tres días. Esta vez, en el corregimiento Guamalito de El Carmen.
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Cuando Leonidas Vásquez Bermeo, de 21 años, y Fredy Antonio Torres Suárez, de 23, se encontraban cumpliendo tareas tácticas de protección a la población, fueron atacados por miembros del Eln.
Aunque ambos jóvenes fueron atendidos de manera inmediata, se confirmó su deceso minutos más tarde.
Se pudo conocer que los soldados estaban adscritos al Batallón Especial Energético y Vial N°10 de la Fuerza de Tarea Vulcano y llevarían por lo menos tres años de servicio. Leonidas Vásquez era oriundo de Caquetá y Torres, de Córdoba.
“El Ejército nacional extiende un mensaje de condolencia y solidaridad a los familiares y amigos de nuestros héroes caídos en cumplimiento del deber. Además, se ha ordenado el despliegue de un equipo disciplinario para brindar el apoyo necesario a sus seres queridos”, expresó la institución en un comunicado.
Alerta violenta
Con el reciente suceso ya son por lo menos siete hechos violentos que se han registrado en los diferentes municipios de Norte de Santander.
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Esta situación ha generado una alerta en todo el departamento, pues como lo advierten algunos defensores de derechos humanos, la violencia podría recrudecer en los próximos días.
“Esa situación tenía que haberla previsto el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. Al no mostrar una voluntad política, ya sabíamos lo que se avecinaba, aquí esa organización tiene una gran influencia en más de 26 municipios”, puntualizó Enrique Pertuz, director de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh).
Además, dijo que, “al no haber ningún compromiso de cese, lo que genera es que van a atacar y a defenderse, con todas las consecuencias que se generan como minas, muertos, emboscadas, cilindros, ataques a infraestructuras petroleras, campamentos militares, estaciones de Policía”.
Frente a esa alerta, el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía del departamento, aseguró que, “pueden presentarse hechos de afectación no solo contra la Fuerza Pública, sino contra la población, pues muchas veces no se miden las consecuencias”.
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