De cara a una elección atípica, crece la zozobra por el crimen y el narcotráfico en Ecuador, donde los presidenciables levantan la bandera de la mano dura contra la inseguridad en medio de crímenes, amenazas y un estado de excepción.
Recientes asesinatos de un alcalde y un aspirante a asambleísta, intimidaciones contra un candidato presidencial, otros homicidios y una masacre carcelaria que dejó más de una decena de muertos atizan el clima de inseguridad.
En 2022 los asesinatos casi se duplicaron con respecto al año anterior, 25 por cada 100.000 habitantes, y para 2023 pasaría a una tasa de hasta 40, según proyecciones de expertos.
Con salida al Pacífico y ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, Ecuador ha incautado unas 530 toneladas de drogas desde 2021, cuando asumió el mandatario Guillermo Lasso.
El derechista disolvió en mayo la opositora Asamblea Nacional, en medio de un juicio político que enfrentaba por supuesta corrupción.
La medida puso fin a la crisis institucional y dio paso a comicios generales anticipados el 20 de agosto, con eventual segunda vuelta el 15 de octubre. Pese a estar habilitado, Lasso decidió no buscar su reelección.
"Son elecciones atípicas porque se producen en un contexto de alta zozobra producto del crimen organizado", dice Santiago Cahuasquí, politólogo de la Universidad Internacional SEK.
Una treintena de candidatos, incluidos seis de los ocho presidenciables, tienen resguardo policial, de acuerdo con el Consejo Electoral. La mayoría de los protegidos está en la costera provincia de Los Ríos (sur), donde rige un nuevo estado de excepción desde la semana anterior.
La medida se extiende a Manabí, donde el 23 de julio fue baleado el alcalde Agustín Intriago, y a la localidad de Durán, en la provincia de Guayas, ambas en el suroeste.
Caldo de cultivo
Sin excepción, los candidatos han convertido la seguridad en eje de campaña.
Lideran las intenciones de voto la abogada Luisa González (26,6%), única mujer en liza y afín al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), el periodista Fernando Villavicencio (centro, 13,2%), el abogado indígena Yaku Pérez (izquierda, 12,5%) y el economista y exvicepresidente Otto Sonnenholzner (derecha, 7,5%), según una reciente encuesta de Cedatos.
Las propuestas sobre seguridad son variadas: construir una cárcel de máxima seguridad en la Amazonía, colocar inhibidores de señales de telecomunicaciones en las penitenciarías, equipar a policías y militares o impulsar reformas legales para endurecer sanciones.
"Esta ola de violencia genera el caldo de cultivo perfecto para populismos seguritistas. Por eso, la campaña tiene como punta de lanza temas relacionados con seguridad, y todos o la mayoría de candidatos hablan de una estrategia de mano dura como única solución", comenta a la AFP la experta en seguridad Carla Álvarez.
Lasso ha intentado lidiar con la violencia en calles y cárceles a través de numerosos estados de excepción, que le permiten movilizar a militares.
Al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el gobernante ahora suele divulgar fotos de presos semidesnudos, apiñados y atados tras intervenciones de la fuerza pública para frenar masacres entre sí, que desde 2021 dejan más de 430 muertos.
Los estados de excepción han tenido "poco resultado", apunta Álvarez, agregando que "el crecimiento de la violencia no ha sido lineal, sino exponencial" en Ecuador, con 18,3 millones de habitantes.
Cahuasquí señala que "el contexto de criminalidad hace que existan candidaturas que plantean posiciones que van en contra de los derechos humanos".
Presa fácil
Al politólogo le preocupa "que crezca en la población el sentimiento de desprotección", porque eso da pie a "que florezcan posiciones extremistas".
"Juegan con las pulsiones de la gente (...) sin ningún tipo de propuesta de fondo, sino que recurren a la exacerbación del miedo, la desconfianza y el peligro", señala.
Un 38% de los ecuatorianos estaba "preocupado" y "pesimista" por la situación del país y un 11% consideraba que los presidenciables deben tener "disposición para acabar con la delincuencia", según encuestas de Cedatos.
En referencia a los asesinatos y amenazas a políticos, Cahuasquí sostiene que "cuando el crimen organizado empieza a tomarse las estructuras de representación del Estado, hay interferencia directa en la política, el Estado mismo se convierte en presa fácil" de las mafias.
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