En medio de una gran polémica, 13 concejales concedieron facultades especiales al alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, para la reestructuración de pasivos y superar la profunda crisis financiera de los últimos años.
Si quieres tener acceso ilimitado a toda la información de La Opinión, apóyanos haciendo clic aquí: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
Los miembros de la corporación aprobaron el acuerdo 007 de 2024 donde se establece el sometimiento a la Ley 550 de intervención económica por parte del ministerio de Hacienda.
Profesionales de la región calificaron de apresurada la medida porque, según ellos, nunca se exploraron otras alternativas. Mientras unos manifiestan que se pierde autonomía, el mandatario asegura que era la única tabla de salvación.
Un colectivo de abogados desde ya anunció acciones jurídicas para tumbar el acuerdo ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que facultó la intervención económica, a fin de que se busquen otras alternativas para sofocar el déficit presupuestal que supera los 40.000 millones de pesos.
Lea además: Polémica al rojo vivo por la intervención económica de Ocaña
La presidenta del Concejo, Yurima Isabel Sánchez Rincón aseguró que es la única salida al problema económico que afronta la administración municipal.
Un adefesio jurídico
El abogado Henry Pacheco Casadiego anunció demandas ante las instancias superiores al considerar que los concejales violaron el artículo 77 de la Ley 136 de 1994, donde se estable la participación ciudadana en el estudio de los proyectos de acuerdo.
El profesional señaló que radicó con antelación un derecho de petición para advertir a los concejales sobre las consecuencias de avalar esa iniciativa, reiteró.
“Es una vergüenza, es un irrespeto hacia los ocañeros que no escuchen otras versiones. Por eso solicito la nulidad de ese acuerdo por estar viciado, además, hago un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que inicie los correctivos disciplinarios y la Fiscalía las investigaciones penales debido al prevaricato por acción por ir en contravía de la ley”, precisó.
Aseguró que lo mismo ocurrió con los 13 concejales hace 25 años durante la administración del finado José Aquiles Rodríguez Martínez, que se fueron a la cárcel por violar la ley.
Lea además: Demandas contra el municipio de Ocaña ascienden a 19.000 millones de pesos
Votaron a favor la presidenta de la corporación, Yurima Isabel Sánchez Rincón; el primer y segundo vicepresidente, Luis Eduardo Botello Sarmiento y Carlos Fabián Ruedas Ascanio. Además, Luis Alfonso Díaz Barbosa, de la oposición, Deiby Alberto Arias, Evelio Rangel, Tania Paola Gaona Ortega, Yenny Beliza Ortiz Torres, Dairon Duván Rangel Julio, Jenifer Paola Sánchez Criado, René Álvarez, Deivis Amaya Mogollón y Jaime Alonso Mogollón Melo. No avalaron la iniciativa William Felipe Sánchez Casadiego y Jhon Leonardo Arenas Jácome.
Entre la espada y la pared
Compleja se torna la situación en Ocaña donde el alcalde se encuentra en una encrucijada para saldar las deudas, evitar embargos de las cuentas y sanear el fisco municipal.
La controversia radica en la asignación de facultades plenas de manera ilimitada para que el alcalde se acoja a la Ley 550 de 1999 de intervención económica sin que se haya escuchado a todos los interesados.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
