Las víctimas del conflicto armado de la provincia de Ocaña aún guardan las esperanzas de recuperar unos recursos asignados para resarcir las pérdidas por el desplazamiento forzado ocurrido hace una década.
En el año 2014, el Sistema Integral de Reforma Agraria, Sidra, asignó la cifra de 4. 300 millones de pesos para los subsidios de 107 familias de Ocaña con el fin de adquirir unas fincas y desarrollar proyectos agropecuarios.
Pero debido a los engorrosos trámites, casi el 50 por ciento de los recursos no han sido ejecutados y los beneficiarios han movido cielo y tierra para no perder esa plata.
El consejero de paz del sector agropecuario de la vereda Nuevo Amanecer, comprensión rural del municipio de Ocaña, Héctor Jorge Navarro Sánchez ha instaurado varios derechos de petición ante las distintas entidades y manifiesta que los procesos avanzan a paso de tortuga.
“Estamos cansados de los pañitos de agua tibia y solicitamos soluciones concretas a las víctimas de la violencia”, agregó el líder social.
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Explica que esos subsidios se lograron a través del Incora, figura que cambió a Incoder y ahora es una Agencia Nacional de Tierras, pero los trámites son imposibles de cumplir. “Esas entidades no han sido capaces de ejecutar en su totalidad esos programas, mucho menos los campesinos desplazados por la violencia. Compren las tierras y las adjudican, creo que es la mejor opción”, recalcó.
Campesinos deben postular predios
Ante las inquietudes de las víctimas, el coordinador de la Unidad de Gestión de la Agencia Nacional de Tierras en el nororiente colombiano, Javier Alonso Santiago Velásquez explicó que muchos proyectos ya fueron ejecutados a pesar de los inconvenientes presentados en la adquisición de los predios.
Fue enfático al manifestar que esos recursos están asegurados y reservados para la población víctima del conflicto y que en ningún momento los van a perder. “La gran dificultad está en la postulación de los predios por cuenta de los campesinos para la respectiva revisión técnica, jurídica y ambiental. De las 107 familias, 57 ya han cumplido con esos procesos y se han entregado 32 proyectos productivos, hay 8 en revisión”, precisó.
Mencionó que algunos tropiezos se relacionan con que varios terrenos no cumplen con las exigencias ante los escollos de ordenamiento territorial y estar en páramos y reservas forestales. Asimismo, señaló que hay inconvenientes en el Registro Único Predial de Tierras Abandonadas, (Rupta) manejado por la Unidad de Restitución de Tierras.
Manifestó que es imposible acceder a las pretensiones de algunos beneficiarios en el sentido de la adquisición de los predios y luego entregarlo a la gente, pues debido a la condición de víctimas no se puede hacer el ejercicio de esa manera.
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“Deben mostrar la voluntad de conseguir las fincas y postularlas, nosotros hacemos el acompañamiento dentro del plan de acción de búsqueda para remediar la situación”, precisó.
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