El pasado lunes 30 de septiembre a las 12 de la noche expiró el contrato de urgencia manifiesta suscrito entre el Instituto Nacional de Vías y la firma constructora KMA para atender la emergencia presentada durante la avalancha de la vereda El Tarrita, comprensión rural del municipio de Ábrego.
Los controles viales en el tramo donde fueron ubicados dos puentes metálicos, luego de la catástrofe ocurrida el 31 de mayo del año pasado, corren por cuenta del Invías, mientras expertos avanzan en los estudios y diseños del nuevo trazado en la arteria que conduce hacia la capital de Norte de Santander.
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Los damnificados igualmente solicitaron celeridad en el reasentamiento, ya que los escándalos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres han retrasado los procesos para resarcir las pérdidas entre los agricultores de la región.
El abogado defensor, Álvaro José Ibáñez Sierra, prepara una demanda millonaria en contra del Estado por presunta omisión y fallas en el servicio, pues considera que los campesinos prendieron las alarmas con antelación y no se hizo la gestión para remediar la “tragedia anunciada”.