En la recta final del primer semestre del año surge una preocupación entre los rectores de las diferentes instituciones educativas del municipio de Ocaña por la falta de plata para el transporte escolar.
El secretario de Educación, Cultura y Turismo, Raúl Rolando Castro Ojeda fue categórico al afirmar que los recursos presupuestados solo alcanzan hasta el mes de junio, por lo que se deben buscar alternativas para remediar la situación.
En tal sentido, los directivos docentes tocan las puertas del gobierno departamental para hacer una bolsa común y evitar traumatismos en lo que resta del año, cuando se aplique la famosa Ley de Garantías por las elecciones regionales.
El rector de la unidad educativa del corregimiento de Aguas Claras, Fernando Alberto Clavijo Vega indica que la rogativa se repite cada año para conseguir los dineros faltantes.
“Es una pesadilla que viven los campesinos, ya que no cuentan con los recursos suficientes para enviar a sus hijos a los salones de clases. Ese fenómeno podría desmotivar a los estudiantes y por ende la deserción escolar para dedicarse a labores agrícolas”, advirtió.
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Esperan la visita oficial de la secretaria de Educación de Norte de Santander, Ludy Páez Ortega, prevista para la presente semana con el fin de buscar una solución conjunta a la problemática.
A raspar la olla
Los directivos, padres de familia, el alcalde, secretario de Educación y el gobernador echan mano a las fórmulas matemáticas para conjurar la crisis financiera en el segundo semestre del presente año.
Aunque algunos directivos plantean la posibilidad de una bolsa común donde todos ponen para garantizar la continuidad en el servicio, desde el gobierno seccional son categóricos al afirmar que el departamento cubre el Programa de Alimentación Escolar (PAE), por lo que la responsabilidad del trasporte escolar debe correr por cuenta de las alcaldías.
El dolor de cabeza
Los números se han convertido en el dolor de cabeza de los rectores y el secretario de Educación de Ocaña, pues son insuficientes para atender durante todo el año.
El titular de esa dependencia recordó que los estudiantes de escuelas y colegios públicos cuentan con el transporte debido a un contrato de urgencia manifiesta suscrito por la alcaldía en aras de la permanencia en las aulas de clases.
“La administración local utilizó esa figura para evitar inconvenientes en el inicio del calendario académico de la presente vigencia, beneficiando a 900 menores tanto del sector rural como urbano”, precisó el secretario Castro Ojeda.
El documento firmado con la empresa transportadora Cootrans Hacaritama, tiene un valor de $178 millones desde el 7 de febrero hasta el 27 de marzo, por un periodo de 35 días, mientras surte efecto el proceso de licitación para adjudicar el contrato hasta las vacaciones de mitad de año.
Explicó que solamente se cancela el servicio cuando haya clases, pues un día representa $ 5 millones debido a los costos operacionales hacia las distintas rutas. En tal sentido, los 53 días desde el 28 de marzo hasta el 16 de junio le cuestan a la administración municipal $ 271 millones, completando los $450 millones presupuestados para el presente año.
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Por esta razón, corresponde entonces a los expertos en finanzas hacer los traslados presupuestales con el fin de evitar la deserción escolar en el segundo semestre de 2023.
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