El Consejo de Estado rechazó la solicitud de nulidad presentada por el apoderado del presidente, Gustavo Petro, relacionada con una decisión que definió el conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Esta decisión se dio en el contexto de las investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de las campañas electorales de 2022 de la “Coalición Pacto Histórico”, de la cual Petro fue candidato.
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La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, encargada de resolver este conflicto, determinó que el fallo emitido el 6 de agosto de 2024 es definitivo y no puede ser anulado, esta solicitud fue considerada improcedente, lo que significa que no cumple con los requisitos legales para ser revisada o revertida.
El caso se originó cuando el CNE y la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes no lograron ponerse de acuerdo sobre quién debía investigar las presuntas irregularidades en la financiación de las campañas presidenciales de Petro.
Estas irregularidades se refieren a los informes de ingresos y gastos presentados durante la campaña de 2022, tanto en la primera como en la segunda vuelta.
El Consejo de Estado resolvió el conflicto estableciendo que el CNE tiene la competencia para investigar y sancionar cualquier irregularidad administrativa en la financiación de la campaña.
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Además, indicó que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es la encargada de decidir sobre la pérdida del cargo del presidente en caso de que, tras la investigación del CNE, se justifique dicha sanción.
El apoderado de Gustavo Petro argumentó que el Consejo de Estado había violado el fuero constitucional del presidente, un principio que protege a los jefes de Estado de ciertos tipos de investigaciones y sanciones mientras están en el cargo.
Sin embargo, la Sala de Consulta rechazó estos argumentos. Explicó que el fuero presidencial no se violó en ningún momento y que la Sala es competente para resolver conflictos de competencias entre entidades judiciales y administrativas.
El caso llegó a Naciones Unidas
En sintonía con lo dicho por el presidente, que insiste en que detrás de la investigación administrativa del CNE contra su campaña por presunta violación de topes electorales hay un golpe de Estado, la bancada del Pacto Histórico acudió a Naciones Unidas para informar de las presuntas irregularidades.
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Hablando a nombre de todos los parlamentarios que hacen parte de la bancada de gobierno, una comisión liderada por el representante Alejandro Toro, la senadora Esmeralda Hernández, la representante Carmen Felisa Ramírez y la senadora Sonia Bernal llegó hasta Naciones Unidas para reclamar por lo que no dudaron en calificar como una persecución.
El objetivo, explicaron, es presentar ante el secretario general del organismo, António Guterres, un documento en el que supuestamente se detallan los argumentos jurídicos que validarían que el proceso que abrió el CNE vulneraría los derechos fundamentales del primer mandatario y atentarían contra la constitucionalidad.
“Hemos llegado a Naciones Unidas para denunciar la persecución al proyecto del cambio, y específicamente a nuestro presidente Gustavo Petro, especialmente con lo que acaba de suceder con el CNE”, manifestó Toro. “El CNE se extralimita en funciones y no quiere sino acabar un proceso de más de 11 millones de colombianos”, dijo a su turno Bernal.
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