En el limbo quedó este fin de semana la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte), luego de que la Superintendencia del Subsidio Familiar decidiera acatar la medida cautelar emitida por un juez de tutela, suspendiendo de manera temporal la intervención administrativa a la entidad, pero sin ordenar el reintegro del anterior director, Oscar Gerardino.

En la Resolución 302 del 17 de mayo, proferida por la Supersubsidio, se advierte que la Caja quedará sin director administrativo y agente de intervención o consejo directivo hasta tanto no se profiera el fallo correspondiente por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta.

Esto, por cuanto en su decisión, el Gobierno Nacional también resuelve suspender el ejercicio de la dirección administrativa que le había encomendado a Germán Antonio Bautista, hasta que se conozca el desenlace de la acción de tutela que está en estudio.

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La Superintendencia argumenta que la razón para tomar dicha determinación obedece a que el auto del 15 de mayo solo hace referencia a la suspensión provisional de la intervención a la Caja de Compensación, “sin modular, ni indicar aplicación retroactiva de la suspensión de efectos, ni hace referencia a orden de reintegro ni reincorporación alguna”.

En ese sentido, precisa que “esta Superintendencia del Subsidio Familiar no está llamada a completar, interferir o interpretar una orden judicial”.

Así las cosas, Comfanorte amanece hoy sin director en propiedad, pero tampoco encargado, además de que en la Resolución expedida el viernes por la Supersubsidio no se hace referencia a quién tomará las riendas de la entidad mientras se resuelve la disputa que hay en los despachos judiciales.

Lo que sigue

El viernes, antes de que se conociera que la Superintendencia del Subsidio Familiar había emitido una Resolución acatando la orden judicial que suspendió la intervención administrativa total a la Caja de Compensación Familiar, la jueza octava, Magda Yolima Prada Gómez, resolvió admitir un incidente de desacato interpuesto por Oscar Gerardino, tras advertir que la medida cautelar no se había cumplido.

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Y si bien la Super ya profirió un documento dando cuenta del acatamiento de la decisión impartida por el Juzgado, La Opinión conoció que hoy, a primera hora, Gerardino radicará una adición a su solicitud de desacato, por cuanto el acto administrativo en el que se dice haber cumplido no se ajusta a la realidad y se está dejando acéfala a Comfanorte.

De la misma forma, se estudia la posibilidad de interponer una denuncia penal contra la superintendente del Subsidio Familiar (E), Angie Katherine Monroy Bobabilla, por prevaricato por acción, ante el presunto desconocimiento de la orden judicial y posible fraude a resolución judicial.

El abogado Martín Santos, especialista en derecho penal y administrativo, confirmó que en este caso el desacato que interpuso Gerardino tiene que seguir su curso y que el director administrativo hasta antes de la intervención debe volver a pedir que se determine el alcance de la orden judicial emanada por el Juzgado Octavo.

“Gerardino puede pedir el reintegro y solicitarle a la juez que haga la correspondiente aclaración o modulación de la medida cautelar”, explicó.

Santos consideró el contenido de la Resolución 302 del 17 de mayo, proferida por la Supersubsidio, como una “burla” y señaló que este asunto puede tener, incluso, implicaciones penales.

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“(…) es bueno que la Supersubsidio, ante el avieso y manifiesto prevaricato en ciernes, tenga en cuenta la añeja y prolija postura jurisprudencial de la Sección II del Consejo de Estado,  en los casos en que se suspenda provisionalmente un acto administrativo de retiro de un funcionario y el auto guarde silencio sobre la forma como ha de cumplirse la orden de suspensión, la administración debe proceder a su reintegro, el cual surte efectos a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia judicial”, precisó el abogado.

La situación que enfrenta hoy la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander surgió luego de que el director administrativo hasta el pasado 30 de abril, Oscar Guillermo Gerardino, elevara una acción de tutela por considerar que con la orden de intervenir la entidad y la decisión de apartarlo de la dirección administrativa, se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, trabajo digno, dignidad humana y buen nombre.

En ese sentido, pidió que además de tutelar sus derechos se tomaran medidas inmediatas, puesto que las razones que se tuvieron en cuenta para decretar la intervención atentan contra sus derechos constitucionales y “se constituye en una vía de hecho”.

Dicha solicitud fue avalada por la jueza octava, quien suspendió temporalmente la intervención el pasado 15 de mayo.

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