La reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro logró a través de la votación de una proposición hacerse con los votos para ser aprobada y de forma sorpresiva el pasado viernes 14 de junio. Lo que algunos catalogaron como histórico, otros lo definieron como una acción tramposa y antidemocrática. Por esa razón, la oposición argumentó que tomará acciones legales y demandará ante la Corte Constitucional la aprobación de la reforma.

El meollo del asunto es que la bancada de Gobierno pasó una proposición con el argumento de salvar la reforma del hundimiento. En este recurso se explicó que los congresistas se acogían al texto aprobado en la plenaria del Senado, lo que quiere decir que se aprobó la ponencia presentada en esa corporación y no fue necesario debatirla en Cámara. Esta propuesta fue aprobada con 86 votos a favor y 32 por el no.

La representante ponente del proyecto, Martha Alfonso, argumentó: “Nos llevaron contra la pared y a la sin salida. Era decidir por esta proposición o que se hundiera la reforma, hubo dilaciones que nos llevaron a discutir con muy poco tiempo 150 impedimentos y somos solo 188 representantes, tres jornadas y 16 horas que se pudieron dedicar al debate. Además con 100 recusaciones asustaron a los parlamentarios para que no pudiera avanzar el debate, 800 proposiciones a 94 artículos, la ruptura de quorum dos veces, y una semana sin discusión que no se agendó para que se hiciera una audiencia (...)”.

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Por el contrario, la oposición manifestó que se estaba saltando el debate y que todavía quedaba tiempo, ya que el periodo legislativo termina este jueves 20 de junio. El senador, Miguel Uribe, indicó que iba a demandar ante la Corte Constitucional la reforma. Y otros explicaron por qué era muy posible que este ente judicial la hundiera.

¿Por qué se podría hundir?

La representante de Alianza Verde, Katherine Miranda, explicó que muchas veces se ha acogido el texto aprobado en el Senado, no es algo nuevo, pero en su concepto, esta vez se hizo mal porque la proposición con la que se aprobó la reforma, no estaba acompañada del texto que salió del congreso, lo que indica que no hubo el conocimiento completo, suficiente, veraz y preciso de los representantes al momento de votar.

Asimismo, dijo que no hubo por parte del gobierno o alguno de los ponentes una explicación de las modificaciones que tendría la ponencia que se radicó en la Plenaria de la Cámara con respecto al texto aprobado en Senado.

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Agregó que por la premura de la terminación del año legislativo, no puede eludirse el elemento deliberativo, ni mucho menos eximir al proyecto del cumplimiento del requisito de publicidad, deliberación y aprobación en las plenarias de ambas cámaras del Congreso.

Miranda sostuvo que con estos actos se vulneran “las reglas de las reglas de procedimiento que permiten el funcionamiento del diseño institucional del bicameralismo, también, el poder de modificación de las plenarias, el rol de las comisiones de conciliación y se elimina con todo ello un sistema de frenos y contrapesos intraorgánico esencial para el correcto funcionamiento del Estado social de derecho”.

Hay que recordar que la Corte Constitucional es la entidad judicial que vela por la integridad y la democracia de la Constitución colombiana y tienes las facultades para actuar en este caso.

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