Este lunes, cuando arranquen las sesiones del nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030, comenzará una nueva etapa para el trámite de la tradicional agenda legislativa con la que llegará el nuevo gobierno nacional, pero también la apuesta de alcanzar a tramitar y aprobar reformas que al menos en los últimos 20 años no se han podido conseguir como son la política, la judicial y una que se quedó a mitad de camino, la reforma a la salud.
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Este Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara, tendrá como bancada mayoritaria a la que será la oposición, el Pacto Histórico, que en marzo pasado, cuando se eligió el Congreso, se daba que seguiría como bancada de gobierno, tal y como pasó con el mandato de Gustavo Petro. En esa misma orilla de la oposición estarán los grupos que hasta hoy fueron gobierno, la Alianza Verde y los indígenas. En virtud del estatuto de la oposición, la fórmula presidencial perdedora en la segunda vuelta, Iván Cepeda y Aida Quilcué, tendrán curul en el Senado y la Cámara, respectivamente.
En lo legislativo lo primero que deberá estudiar y tramitar este Congreso serán los proyectos claves del Gobierno de ADLE, comenzando por la reforma tributaria que ya anunció el ministro de Hacienda entrante, Miguel Gómez, esto con el propósito de conseguir recursos para tapar el hueco fiscal con el que recibe el mandato.
Pero acá es donde está parte de ese reto, el ministro saliente de Hacienda, Germán Ávila, ya anunció que este 20 de julio la administración Petro radicará la reforma tributaria, lo que haría más complejo el trámite de la que llevará ADLE, por cuanto la oposición defenderá la propuesta de Petro.
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También, desde septiembre hasta noviembre, el Congreso de la República deberá tramitar el presupuesto general de la nación para 2027. Tradicionalmente, el gobierno saliente es el que le deja al gobierno entrante el presupuesto de su primer año de gobierno, porque las modificaciones a las partidas se podrán hacer, pero el monto se debe mantener. De acuerdo al anteproyecto ya radicado, este monto estaría en 597 billones de pesos.
El otro foco legislativo de especial interés en el Congreso será el Plan Nacional de Desarrollo de la Patria Milagro, en donde el presidente Abelardo De La Espriella espera que queden incorporadas sus principales propuestas, en las cuales además espera que se le den las tradiciones facultades especiales que el Congreso de la República le da a los presidentes, para lograr entre otras, la posibilidad de eliminar entidades como ministerios que por la vía de los decretos no puede y que por necesidad no alcanza a esperar a que el propio Congreso las tramite vía ley.
El saliente senador Carlos Fernando Motoa considera que nuevamente este Congreso deberá volver a poner atención a reformas como la política y la de justicia, pero es claro en advertir que por un lado por ahora no es un afán del presidente De La Espriella, como también que las mismas para que salgan tendrán que llegar al Congreso con una muy grande concertación de todos los sectores interesados.
El exsenador de Cambio Radical estima que no ve al gobierno nacional tramitando de entrada una reforma a la salud como lo insistió en dos ocasiones Petro, pero que las mismas se hundieron. Llegarán a su trámite reformas en materia de seguridad y de paz, esto ante los anuncios del presidente electo de modificar por ejemplo la figura del comisionado de paz y la paz total, que, a propósito, fue una de las primeras leyes que le salió a Petro.
Por ahora aún es igualmente una expectativa lo que pasará, legislativamente, con la Justicia Especial de Paz, esto porque la misma se creó por una reforma constitucional que le dio vida por 15 años, entre 2017 y 2032. Si ADLE desea acabar esa institucionalidad lo tendrá que hacer por la misma vía en que fue creada, una reforma a la Constitución Política, lo cual obliga a que tenga 8 debates, es decir dos vueltas.
En cuanto a elecciones, lo primero que tendrá por hacer es elegir el reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez, el contralor general de la República, proceso que está ya en su etapa final, el saliente Congreso ya le dejó al nuevo los diez finalistas, sin embargo sobre ese proceso hay dos grandes peros.
Por un lado, la demanda que se interpuso por intermedio del abogado Julio César Acosta, ante el Consejo de Estado, en donde la Sección Quinta aún evalúa si el proceso que adelantó la Universidad de Cartagena está viciado porque el claustro educativo no cumplía las condiciones para hacer la selección.
Igualmente, sobre esta elección hay unos intereses muy precisos, como es el del presidente Abelardo De La Espriella, quien esperaría hacerle el guiño a un candidato que sea de su preferencia, algo similar a como se dio con la designación del primer presidente del Congreso.
La otra elección que se dará en cuestión de días es la de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, organismo que pese a los cuestionamientos por su funcionalidad seguirá vigente, porque para acabarlo el mismo requerirá de una reforma política.
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Un reto más del nuevo Congreso, en particular de la Comisión de Acusaciones, es la forma como quedará integrada la misma, porque en la actualidad se tramitan más de 50 denuncias contra el presidente Gustavo Petro y las mismas podrían avanzar dependiendo de la composición que vaya a tener la misma.
Alejandra Barrios Cabrera, directora de la Moe, habla de los pendientes que tiene el nuevo Congreso: "indiscutiblemente, uno de los temas que se tiene que abordar en el Congreso que se instala el próximo 20 de julio es la reforma al Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, en cuanto a las organizaciones políticas, se tiene que regular todo lo correspondiente a coaliciones, fusiones y escisiones. Finalmente, la MOE considera inaplazable la revisión de las normas para las consultas internas de los partidos. Necesitamos tener partidos políticos democráticos con reglas claras".
Los debates de control político, en especial de la oposición, y las desgastadas mociones de censura que en el Congreso saliente fueron más de seis y que ninguna funcionó, también serán otros espacios en los cuales el Congreso mostrará su talante de independiente al gobierno nacional, que por lo dicho por ahora por el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, será respetuoso de la independencia de poderes.
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