La intensificación de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales volvió a poner en riesgo a las comunidades rurales del Catatumbo. Durante la tarde y la noche del pasado sábado 17 de octubre, se reportaron combates, ataques con drones cargados con explosivos y la incineración de un vehículo en los municipios de Tibú y Sardinata.
Uno de los primeros hechos ocurrió a las 3:00 de la tarde en la vereda La Galicia, zona rural de Tibú.
En videos difundidos en redes sociales sobre lo ocurrido se observa a varias personas que se encontraban en un escenario deportivo cuando un dron lanzó un artefacto explosivo cerca de donde estaban. Entre quienes aparecen en las imágenes hay niños. Ante el peligro y la angustia varias personas agitaron trapos blancos mientras intentaban ponerse a salvo, en un aparente esfuerzo por evitar otros ataques.
Holguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, señaló que los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) se extendieron a otros sectores rurales de la región, dejando a las comunidades expuestas a las acciones de los grupos armados.
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“Estos combates automáticamente ponen en riesgo a la población civil, porque posteriormente usan los lanzamientos de drones cargados con explosivos y estos, a su vez, caen en las viviendas de los civiles”, afirmó.
La situación hacia las 5:00 de la tarde se complicó en la vereda Corinto, corregimiento de San Martín de Loba, en Sardinata, donde se reportaron nuevos enfrentamientos y ataques con drones.
De acuerdo con Mayorga, ante el temor por su seguridad, habitantes de este sector comenzaron a desplazarse en caravana en busca de lugares más seguros. El dirigente advirtió que las comunidades continúan siendo las principales afectadas por las confrontaciones.
A estos hechos se sumó la incineración de un vehículo que transportaba fruta de corozo en zona rural de Sardinata.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó los enfrentamientos a través de su cuenta en la red social X. “A esta hora se reportan combates entre el Frente 33 y el Eln en la Vereda Corinto del corregimiento de San Martín de Loba, Sardinata y en Campo Tres del municipio de Tibú. Estamos en seguimiento con las autoridades locales”, publicó.
Ayer, Mayorga publicó dos videos en cuales se observa a la gente gritando y pidiendo ayuda por el lanzamiento de más drones con explosivos. “A esta hora continúan los lanzamiento de drones cargados con explosivos contra la población civil de la vereda Palermo, zona rural del corregimiento de Campo Dos, Tibú. Hay gente desplazándose a la cabecera municipal y otros atrapados”, publicó.
Y más temprano, posteó una fotografía en la cual se observaba un cilindro en medio de la carretera con las iniciales del Eln en la entrada del municipio El Carmen, también en el Catatumbo.
Con la imagen escribió: “Este hecho ha sido repetitivo, en este municipio el 4 de julio dejaron tres cilindros bomba, el 10 de octubre y hoy domingo, 18 de octubre”.
Crisis humanitaria sigue
La crisis humanitaria del Catatumbo se prolonga desde hace más de 21 meses advirtió Mayorga y cuestionó que las acciones de la Fuerza Pública no hayan logrado garantizar la seguridad de las comunidades que permanecen en los territorios afectados.
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“Hemos visto en los últimos días por parte del Gobierno nacional algunas acciones de la Fuerza Pública en el territorio, como en La Gabarra, el municipio de El Tarra, por supuesto en Tibú y El Carmen. (...) Pero no han sido suficientes”, manifestó.
Ante este panorama, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que fortalezca las medidas de seguridad, protección y atención humanitaria en los municipios afectados por el conflicto armado.
“Le hemos hecho un llamado contundente al Gobierno Nacional para que nos brinde ese apoyo que necesitamos las víctimas de la región del Catatumbo, especialmente para proteger a la población civil y contrarrestar a los actores armados que tanto daño nos están haciendo”, expresó.
El presidente de la Asociación Nacional de Víctimas aseguró que, según las cifras que maneja la organización, la región acumula más de 140.000 personas desplazadas. Advirtió que esta cifra podría aumentar si continúan los enfrentamientos y las comunidades se ven obligadas a abandonar sus hogares.
“Yo creo que el Gobierno Nacional tiene que tomar una acción contundente en nuestro departamento para recuperar el control territorial y, sobre todo, la seguridad que tanto se necesita en esta región del país”, agregó.
Mientras persisten las confrontaciones, la población civil continúa expuesta a los ataques y a las consecuencias del conflicto, en medio de las dificultades para acceder a condiciones de seguridad y protección.
Resumen de agencias
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