La atención a las manifestaciones pacíficas por el paro nacional de abril 2021, el incremento y encausamiento de investigaciones por los feminicidios en el Catatumbo, el asesinato de líderes sociales en las zonas de conflicto armado, así como el desplazamiento forzado de personas por eventos amenazantes, fueron algunas de las actividades de mayor incidencia en los procesos iniciados por la Defensoría del Pueblo Regional en Norte de Santander durante la vigencia 2021.
El defensor regional del Pueblo, Jaime Marthey informó que durante el 2021 brindaron asistencia a 546 personas víctimas del desplazamiento forzado, 69 por atentados, 151 por amenazas, 44 casos de homicidios, 23 víctimas de minas antipersonal, 6 procedimientos por desapariciones forzadas, 9 reclutamientos forzados de menores, 8 secuestros y 373 casos de violencia basadas en género.
Durante el informe de gestión, Marthey en compañía de su equipo técnico delegado para cada área de competencia indicó que en el año 2021 tuvieron como acciones relevantes el acompañamiento en 47 manifestaciones pacíficas que se dieron en el marco del paro nacional que congregó un total de 37 mil personas.
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En atención y trámites de quejas ATQ, se atendieron 561 asesorías, 1.103 quejas y 1.632 solicitudes; mientras que en procesos de defensoría pública fueron atendidas 6.425 personas. Actividades de promoción y divulgación, hubo 84 con un total 3.529 beneficiarios.
En respuesta a los procesos de movilidad humana, durante el 2021, la Defensoría del Pueblo atendió a 3.277 personas de población migrante y 3.580 personas desplazadas internas o en riesgo de hacerlo por distintos escenarios de violencia, en su mayoría procedentes de las zonas de conflicto armado.
En el informe de gestión por asesorías que fueron requeridas ante la Defensoría, una inmensa mayoría fue por requerimientos de víctimas de desplazamientos forzados por la violencia, mientras que el segundo motivo lo ocupó el tema de salud.
Jaime Marthey expresó que entre las acciones desarrolladas por la gran cantidad de denuncias por presuntas violaciones a los derechos a la salud de la población por parte de las EPS, lograron el mes pasado la visita a Cúcuta del superintendente Fabio Aristizábal, con quien las empresas adquirieron algunos compromisos que deben ser cumplidos a finales del mes de junio.
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“Habrá sanciones para algunas IPS que funcionan como garajes si no se garantiza el cumplimiento de la atención a los usuarios del sistema de salud y desde la Defensoría estamos haciendo seguimiento a esos casos”, expresó.
Durante el acto de rendición de cuentas, Jesús Ochoa, líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal del municipio Bucarasica, denunció que luego de tres meses de haber sufrido un atentado contra su vida en el que murió uno de sus compañeros no había recibido atención inmediata por parte de los organismos de atención a las víctimas.
El defensor del Pueblo, aseguró que esta situación era responsabilidad de la Alcaldía de Cúcuta, por ser el municipio receptor y que esas denuncias por omisión fueron presentadas ante la Procuraduría Municipal.
Asimismo, se refirió al tema de la cárcel Modelo de Cúcuta y del acompañamiento que han hecho a la población carcelaria por cuando existe una sobre ocupación muy próxima a convertirse en hacinamiento, no solo del penal, sino de las estaciones de policía donde hay actualmente unas 700 personas en situación de detención preventiva. “La cárcel tiene una capacidad para albergar a 2.500 presos y ya tiene unos 3.400”, afirmó.
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