Por espacio de un mes, la región del Catatumbo ha sido el epicentro de una de las crisis humanitarias más graves en la historia reciente de Colombia. La confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc ha sumido a esta extensa y selvática región en un estado de violencia sin precedentes, provocando el desplazamiento forzado de más de 54.000 personas y confinando a otras 34.000, según las cifras oficiales. Mientras tanto, la respuesta del Estado se ha visto marcada por la improvisación, la falta de coordinación y la escasez de recursos para contener la emergencia.

El pasado 30 de enero, en un intento por abordar la crisis, el presidente Gustavo Petro encabezó un Consejo de Seguridad en El Tarra, en el corazón del Catatumbo. Sin embargo, lejos de arrojar soluciones concretas, el encuentro se convirtió en un ejercicio de retórica sin compromisos reales. Según una fuente que asistió a la reunión y que habló con el diario La Opinión, “no se dijo nada” que aportara a la pacificación de la región. Una declaración que deja en evidencia la falta de claridad del Gobierno nacional para enfrentar la crisis.

Los expertos en seguridad han sido categóricos en su diagnóstico: la guerra en el Catatumbo no puede ser enfrentada con las mismas estrategias de antaño. La llegada de 10.000 soldados provenientes de otras regiones del país, sin conocimiento del terreno, ha sido vista como una estrategia fallida desde el inicio. “Es como lanzar carne de cañón a la guerra”, señalan analistas militares. En un territorio hostil, donde la selva se convierte en un aliado para quien la conoce, los grupos armados llevan la ventaja estratégica.

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¿Una ofensiva militar debilitada?

El Ejército Nacional ha intentado retomar el control territorial con los recursos disponibles, pero las dificultades logísticas han sido evidentes. La falta de apoyo aéreo ha sido un factor crítico, pues la flota de helicópteros permanece en tierra debido a la falta de mantenimiento, una consecuencia indirecta de la guerra en Ucrania, que ha limitado la disponibilidad de repuestos para la aviación militar colombiana.

Como resultado, la movilidad de las tropas se ha visto restringida y la capacidad de respuesta ante los ataques del Eln ha sido limitada. Esta guerrilla ha sabido explotar estas debilidades con ataques sistemáticos en puntos estratégicos. Municipios como Tibú, Lourdes y Teorama han sido blanco de atentados, dejando un rastro de muerte y desolación. En Teorama, por ejemplo, una incursión del Eln dejó 13 miembros de las disidencias de las Farc muertos en el corregimiento de La Cecilia, consolidando su dominio en la zona. A esto se suma la fragmentación de la ofensiva estatal. En lugar de desplegar una estrategia simultánea en los ocho municipios afectados, el Ejército ha priorizado ciertas áreas, permitiendo que los grupos armados se reorganicen y continúen su ofensiva en otras zonas.

Esta falta de una estrategia integral solo ha agravado la crisis y prolongado el sufrimiento de la población civil.

La tragedia humanitaria Las cifras son devastadoras. Más de 54.000 personas han huido de sus hogares en busca de refugio en cabeceras urbanas como Cúcuta,Ocaña y Tibú. Otras 34.000 permanecen confinadas en sus comunidades, atrapadas entre el fuego cruzado y sin acceso a alimentos, atención médica o educación.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, ha reconocido la magnitud de la crisisy la necesidad de un plan de retorno seguro. No obstante, las condiciones actuales hacen que dicho retorno sea prácticamente inviable. Las casas de quienes han huido han sido saqueadas y sus tierras minadas, convirtiendo el regreso en una sentencia de muerte. Luis Fernando Niño, alto consejero de paz del departamento, ha advertido sobre la falta de coordinación en la respuesta gubernamental.

“Hoy, casi que ya están solas la Gobernación y las alcaldías”,lamenta, subrayandola ausencia de una estrategia clara por parte del Gobierno Nacional. La entrega de ayuda hum]nitaria ha sido la única acción concreta hasta el momento, pero esta no es una solución a largo plazo.

Los decretos de Conmoción Interior: ¿una solución a destiempo? En un intento por recuperar el control de la región, el Gobierno nacional ha implementado decretos de Conmoción Interior, con la promesa deque en un plazo de 90 días se podrá normalizar la situación.

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Sin embargo,los expertos advierten que este la psoes insuficiente para resolver los problemas estructurales que aquejan al Catatumbo desde hace más de 50 años de abandono. El plan del Gobierno contempla tres fases: la primera enfocada en laayuda humanitaria, la segunda en el restablecimiento del control territorial y la tercera en la inversión para el desarrollo de la región, a través del denominado “Pacto Catatumbo”.

No obstante, sin garantías de seguridad ni un cese de hostilidades entre los grupos armados, cualquier inversión a largo plazo se torna incierta.Más allá de las estrategias militares y las decisiones gubernamentales, lo que está en juego en el Catatumbo es la vida de miles de personas. La guerra ha dejado una estela de asesinatos, desplazamientos y terror, y la comunidad internacional ha comenzado a voltear su mirada hacia esta crisis.

Sin embargo, los llamados al respeto del Derecho Internacional Humanitario han sido ignorados por los actores armados,que siguen utilizando a la población civil como escudo y moneda de cambio en su lucha por el control territorial.

“No es justo que sigamos nosotros en medio de esta guerra sin darles un futuro a nuestros niños”, sentencia el alto consejero de paz Luis Fernando Niño. Sus palabras reflejan el sentimiento de una comunidad que, una vez más, se siente abandonada por el Estado y atrapada en un conflicto que parece no tener fin. El Catatumbo resiste, pero su gente está cansada.

Un mes después del estallido de esta crisis humanitaria, las respuestas siguen siendo insuficientes y el horizonte, cada vez más incierto.

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