El cumplimiento de la orden de demolición sobre una parte del restaurante Rodizzio Pinchos & Asados, ubicado en la avenida Los Libertadores en la zona de El Malecón, se ha convertido en un conflicto legal que sigue sin resolverse por completo.
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, inició este lunes el proceso de acatamiento del fallo de tutela en segunda instancia, emitido por el Juzgado Primero Civil del Circuito (Oralidad), que ordena la demolición de una construcción que se hizo sin licencia.
Un litigio de larga data
Santiago Burbano, subsecretario de Gobierno de Cúcuta, explicó que el caso se remonta al año 2022, cuando la Inspección de Policía de la comuna donde está ubicado el restaurante recibió una querella que denunciaba la ampliación de la cocina del establecimiento sin contar con la licencia correspondiente. La administración municipal solicitó formalmente el documento, pero desde entonces no ha sido presentado por la administración del negocio.
Tras agotar las audiencias y los mecanismos legales correspondientes, la Inspección de Policía determinó que se debía proceder con la demolición de la parte de la construcción que carecía de licencia.
Pese a los recursos de ley interpuestos por los propietarios, la resolución 529 del 8 de diciembre de 2023 confirmó la medida, estableciendo la demolición como obligatoria y anulando una multa económica de 14 millones de pesos impuesta inicialmente, esta última por decisión del alcalde de la época, Jairo Yáñez.
La Alcaldía debe hacer cumplir el fallo
El exalcalde Jairo Yáñez, en su momento, confirmó la orden de demolición, pero la nueva administración, liderada por Jorge Acevedo, se encuentra ahora con la obligación legal de ejecutar la medida. “No es potestativo, sino obligatorio”, enfatizó Burbano, explicando que el incumplimiento de la orden podría acarrear sanciones para la propia Alcaldía por no acatar un fallo judicial.
Lea también: Gestores sociales, en busca de cultivar las artes marciales para apaciguar la violencia en Cúcuta
El año pasado, se propuso a la administradora del restaurante, Luz Nelly Huertas de Maldonado, realizar la demolición voluntaria para evitar afectaciones mayores. Sin embargo, según la administración municipal, no hubo voluntad para ello.
En septiembre de 2023, la Alcaldía contrató una empresa de demoliciones para ejecutar la medida, pero la administración del restaurante se opuso y bloqueó el procedimiento.
En respuesta, la administradora del negocio interpuso una acción de tutela, la cual ratificó que la construcción fue realizada sin licencia y concedió un plazo de tres meses para que el restaurante desalojara la obra ilegal. Este plazo venció el 22 de enero de 2024 sin que se cumpliera la orden.
Argumentos en disputa
Uno de los principales argumentos de la administración de Rodizzio es que la construcción en cuestión se encuentra sobre un predio privado y no en espacio público. No obstante, la Alcaldía ha refutado esta afirmación y recalca que el problema central no es la ubicación del terreno, sino la falta de licencia de construcción, la cual es obligatoria tanto para predios públicos como privados.
Burbano también señaló que, durante una inspección reciente, se detectó que el restaurante ha continuado construyendo a pesar del fallo judicial, lo que agrava aún más la situación. “Ellos mismos están incumpliendo el fallo judicial”, sostuvo el funcionario.
Por su parte, Luz Nelly Huertas de Maldonado explicó que la construcción se originó tras el colapso de un tanque de agua en la cocina del restaurante, lo que generó filtraciones. Aseguró que solicitó permiso a la administración municipal para realizar mejoras urgentes, pero al no recibir una autorización formal, se vio impedida para tramitar la licencia de construcción.
Huertas también defendió el derecho de operación del restaurante, asegurando que este funciona en el lugar desde hace 40 años gracias a un convenio suscrito con la Gobernación, renovable cada dos años. “Nosotros protegemos el entorno, conservamos y embellecemos para darle un espacio bonito a la ciudad”, manifestó.
Lea además: La propuesta económica del presidente Petro para el cambio en el Catatumbo
Un desenlace incierto
A pesar de los argumentos esgrimidos por la administradora del restaurante, la Alcaldía sostiene que el fallo judicial es claro y que la demolición debe llevarse a cabo. La resistencia de la administración del negocio a cumplir con la orden podría derivar en nuevas acciones legales por parte del municipio.
“No podemos hacernos los ciegos frente al fallo de la justicia”, concluyó el subsecretario de Gobierno, reiterando que, de no ejecutarse la medida, podrían enfrentarse sanciones por incumplimiento de un mandato judicial.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
