Pamplona, Silos, Cácota, Mutiscua y Chitagá son los cinco municipios de Norte de Santander que se verían seriamente impactados por la Ley 1930 sobre la delimitación y frontera agrícola de los páramos Santurbán y Almorzadero. La entrada en vigor de esta norma significaría prácticamente el cierre de una de las despensas agrícolas más grandes e importantes del país.
Cuando han transcurrido 72 horas desde el inicio de esta movilización, ningún funcionario del alto gobierno, o de los ministerios de Ambiente o Agricultura, ha manifestado su intención de acercarse a Norte de Santander, donde el páramo de Santurbán abarca 20 municipios, es decir, la mitad del departamento.
Mientras el Gobierno nacional mantenga esta posición, los paramunos advierten que el paro se mantendrá de manera indefinida.
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“No queremos hablar con mandos medios, queremos que nos atienda un viceministro o un funcionario con la autoridad de hacer cumplir lo que estamos pidiendo”, declaró José Daniel Correa, líder campesino del municipio de Chitagá, uno de los cinco municipios de Norte de Santander que se vería seriamente afectado con la aplicación de la referida norma.
Aunque hasta el momento el balance sigue siendo negativo para los manifestantes, toda vez que su principal objetivo no ha sido alcanzado y algunos líderes han comenzado a cuestionarse si fue buena idea hacer la movilización al mismo tiempo que la cumbre de la Cop16, otro sector confía en que el Gobierno pronto tendrá que apersonarse.
“En cuanto Bogotá comience a resentir el golpe de los bloqueos, el Gobierno tendrá que atendernos; mientras eso sucede nosotros estamos preparados y con la actitud positiva para aguantar los 12 días que dure la Cop16”, advirtió por su parte el líder de Chitagá.
El impacto en la actividad agrícola
Ana Dolorez Solano, alcaldesa de Mutiscua, llamó la atención por el desprecio que están sufriendo en los Puestos de Mando Unificado organizados de manera virtual desde el Gobierno central, en los que se le estaría dando prioridad a las peticiones de los mineros y no a las de los productores agrícolas.
La alcaldesa detalló que solo en su municipio, la implementación de la Ley 1930, afectaría a 13 de las 15 veredas, es decir, 99.5 por ciento de los productores. Explicó que en Mutiscua el punto más alto se encuentra a 2.800 metros sobre el nivel del mar, la línea de páramo está fijada a los 2.000 metros y la frontera agrícola comienza a los 2.600 metros.
Solano, señaló que no comprende cómo en medio de la celebración de una cumbre medioambiental como la Cop16, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, hace un alto para anunciar la instalación de una mesa de diálogo con los mineros de Santurbán y no dice nada sobre los agricultores.
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Y es que el panorama es desalentador para esta región de Norte de Santander. En el caso de Cácota, Yessid Roa, personero del municipio, señaló que 80 por ciento del territorio es páramo de Santurbán y allí, salvo los productores de durazno, que cultivan a orilla de carretera, más de mil campesinos que producen papa, cebolla, entre otros rubros, quedarían excluidos.
En Pamplona estarían comprometidas 16 veredas, mientras que en el caso de Silos, solo el casco urbano quedaría en zona legítima, pues con jurisdicción tanto en Santurbán como Almorzadero, este municipio quedaría excluido por exceder los límites tanto de la línea de páramo como de la frontera agrícola.
En Chitagá la expectativa es similar. Con un mayor porcentaje de jurisdicción sobre el páramo Almorzadero, más de 60 por ciento, contra cerca del 30 en Santurbán, el alcalde Yorman Suárez estima que la Ley 1930 perjudicaría a por lo menos 7.000 productores.
Efecto colateral
Pero el aguante campesino en defensa de sus derechos, se traduce en malas noticias para los ciudadanos de los municipios intermedios entre las zonas de bloqueo, en los que resienten, por ejemplo, la escasez de combustibles.
Sucede ya en Chinácota, donde un habitante contó a La Opinión que desde el mismo lunes cuando comenzó el paro, las tres estaciones de servicio que abastecen al municipio anunciaron cierre por agotamiento del inventario.
En las mismas condiciones está Bochalema, donde el alcalde Rafael Mora indicó que ya no había combustible, aunque su principal preocupación es lograr el traslado de los desechos sólidos de su municipio, una concesión que, al parecer, ya había acordado con los líderes del paro.
Sobre la disponibilidad de alimentos, dijo que de momento no hay problema de escasez en el pueblo, aunque ha notado especulación en los costos de las hortalizas. Indica que de continuar los bloqueos podría darse un escenario de escasez, pues si bien Bochalema produce algunos alimentos, la mayor parte proviene de Pamplona, uno de los municipios en conflicto.
Otro grupo de personas afectadas es el que vive en estos municipios satélite y trabaja en Cúcuta. En estos casos, algunos han debido implementar el teletrabajo, pero la mayoría ha optado por quedarse de lleno en la capital del departamento, luego que comenzarán también a bloquearse las trochas o caminos informales, que conectan Chinácota con el municipio de Los Patios.
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En el bloqueo de La Laguna, en la vía Pamplona-Bucaramanga, se presentó un altercado cuando los manifestantes impidieron el paso a dos buses que transportan estudiantes y docentes del Colegio Técnico La Presentación de Pamplona y que venían de una salida académica.
Allí se exigió la habilitación de un corredor humanitario para permitir el paso y que los menores de edad pudieran llegar a sus hogares.
Al cierre de esta nota se mantenían bloqueos de vía en cinco puntos del departamento, específicamente en los sectores de Presidente, Chitagá, La Lejía, Los Acacios, La Laguna y Cucutilla, con presencia de cerca de 5.000 manifestantes.
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