Cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia, el Catatumbo ocupó un lugar privilegiado en su discurso político. No fue una elección casual. Se trataba de una de las regiones donde el conflicto armado, el narcotráfico y el abandono estatal habían coexistido durante décadas. Allí, en El Tarra, pocos días después de su posesión, lanzó una promesa que marcaría el rumbo de su política de Paz Total: convertir al Catatumbo en la "capital nacional de la vida".
"Les propongo, amigas y amigos del Catatumbo, dejar de ser el primer productor mundial de cocaína para convertirnos en la capital nacional de la paz", pronunció Petro ante el numeroso público que asistió al acto.
El mensaje estaba acompañado de compromisos concretos. El Presidente aseguró que las cerca de 40.116 hectáreas sembradas con coca serían sustituidas sin recurrir a la guerra, sino mediante oportunidades económicas para los campesinos. También anunció que la región dejaría de depender de los cultivos ilícitos para transformarse en una despensa agrícola capaz de abastecer buena parte del país.
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Cuatro años después, el contraste entre aquellas promesas y la realidad constituye uno de los mayores reveses políticos de su administración en Norte de Santander. Los hechos muestran un panorama opuesto. Como lo graficó Claudia Pérez, lideresa campesina del corregimiento La Gabarra, en pleno corazón del Catatumbo, "los huevos no alcanzaron a empollar".
La Paz Total partía de un diagnóstico que pocos discutían: después de décadas de confrontación, la respuesta exclusivamente militar no había logrado recuperar el control del territorio ni desmontar las economías ilegales. El Gobierno propuso negociar simultáneamente con diferentes organizaciones armadas mientras fortalecía la presencia institucional mediante inversión social, acceso a la tierra, sustitución voluntaria de cultivos y proyectos productivos.
Sobre el papel, la estrategia tenía lógica. En la práctica, los resultados fueron muy distintos.
Mientras avanzaban conversaciones con diversos actores armados, estos conservaron e, incluso, ampliaron su capacidad de control territorial en varias regiones del país (ver tabla). El Catatumbo se convirtió en el ejemplo más evidente de esa contradicción.
Diversos sectores políticos, militares retirados y analistas cuestionaron que el Gobierno hubiera flexibilizado la presión sobre organizaciones ilegales sin que existieran mecanismos efectivos para impedir su fortalecimiento.
A ello se sumaron las decisiones relacionadas con los procesos de diálogo con las disidencias de las Farc, incluidos los espacios de ubicación temporal y las zonas destinadas a facilitar las negociaciones. Estas medidas fueron defendidas por el Ejecutivo como instrumentos necesarios para avanzar hacia la paz, pero sus críticos las consideraron una cesión territorial que permitió a esas estructuras reorganizarse y consolidar su presencia en algunas áreas. Ese debate continúa abierto y no existe consenso sobre el impacto real de esas decisiones.
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Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtieron durante meses el riesgo de una confrontación directa entre esa organización y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, advertencias que finalmente se materializaron.
El 16 de enero de 2025 marcó un punto de quiebre. La ofensiva del Eln contra el Frente 33 desencadenó la mayor crisis humanitaria registrada en la historia del Catatumbo. Municipios como Tibú, El Tarra, Teorama, Convención, Hacarí y San Calixto quedaron inmersos en una confrontación que produjo homicidios, desapariciones, confinamientos y desplazamientos masivos. La magnitud de la emergencia obligó al Gobierno a decretar el estado de conmoción interior.
Informes posteriores de organismos humanitarios e, incluso, de la Unidad para las Víctimas estimaron que más de 119.000 personas resultaron afectadas por la ofensiva inicial, con desplazamientos y confinamientos sin precedentes en la región.
El desastre fue inminente. El territorio que el Gobierno presentó como símbolo de la Paz Total terminó convirtiéndose en el escenario donde esa estrategia enfrentó su mayor fracaso operativo.
Los pocos avances
Durante los últimos cuatro años, la administración Petro tuvo avances institucionales que fueron reconocidos por las comunidades del territorio. La Agencia Nacional de Tierras impulsó procesos de formalización y adjudicación de predios, promovió la creación de zonas de reserva campesina y desarrolló programas orientados a fortalecer la economía rural y brindar seguridad jurídica a cientos de familias campesinas.
También hubo avances en los acuerdos con las comunidades. Como resultado de ello, se estructuró el Plan Catatumbo, pactado a diez años por un valor de 6,5 billones de pesos, de los cuales, al cierre del primer semestre del presente año, se habían ejecutado 2 billones. "Este gobierno rompió con una dinámica de ausencia institucional en el Catatumbo", dijo el líder de la ONG Progresar, Wilfredo Cañizares.
Sin embargo, esas iniciativas quedaron ampliamente superadas por el deterioro de la seguridad, señaló.
La inversión social difícilmente puede consolidarse cuando las comunidades tuvieron que abandonar sus parcelas para salvar la vida. Tampoco es posible hablar de sustitución sostenible de cultivos ilícitos cuando el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc continúan controlando corredores estratégicos, imponiendo reglas a las comunidades y disputándose el negocio del narcotráfico, expresó a La Opinión el líder social de Convención Alberto Mejía.
La experiencia del Catatumbo dejó, además, otra enseñanza sobre la Paz Total: negociar no equivale, por sí solo, a reducir la violencia. La construcción de paz requiere que el Estado mantenga una capacidad efectiva para proteger a la población civil y ejercer autoridad sobre el territorio. Cuando esa presencia resulta insuficiente, las negociaciones pueden coexistir con el recrudecimiento del conflicto, tal como lo planteó Cañizares.
No obstante, comunidades del Catatumbo coinciden en señalar que la guerra en la región no fue responsabilidad exclusiva del gobierno Petro, pues la confrontación armada lleva más de tres décadas alimentándose del abandono estatal, la pobreza rural, la ausencia de infraestructura y las economías ilegales.
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Pero también es cierto —dicen los líderes de la zona— que ningún mandatario había elevado tan alto las expectativas sobre esta región ni la había convertido en el principal laboratorio de su política de paz.
El balance no puede medirse únicamente por la cantidad de hectáreas formalizadas, los recursos invertidos o los proyectos anunciados. La principal promesa era devolverle la tranquilidad al Catatumbo, pero ese objetivo no se alcanzó, afirmaron.
"Desde una perspectiva de derechos humanos, el balance ha sido negativo, ya que no se evidencian avances y los resultados no han sido suficientes frente a la problemática que hoy vive el territorio", aseguró el defensor de derechos humanos Enrique Pertuz.
Agregó que la mayoría de los compromisos quedó más en expectativas y esperanzas que en realidades. Hoy, Petro deja al Catatumbo sumido en una guerra con consecuencias devastadoras desde el punto de vista humanitario.
Fracaso rotundo
En términos de confrontación armada, la política de diálogo con los grupos ilegales fue un rotundo fracaso. "Esto porque no se avanzó en los diálogos con el Frente 33 de las disidencias de las Farc ni con el Frente de Guerra Nororiental del Eln", dijo el director de la ONG Progresar.
Sin embargo, Cañizares destacó algunos avances: la instalación de las dos mesas de diálogo con el Eln y las disidencias de las Farc. "También el cese al fuego. Llevábamos muchos años sin lograr varios meses de cese al fuego y en este gobierno se consiguió. Eso se rescata. El otro elemento fueron los acuerdos y se pudo avanzar".
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"Y se avanzó tanto que se llegó a plantear una zona de concentración temporal para los miembros del Frente 33 de las disidencias de las Farc que dirige Calarcá", subrayó.
Algo claro les quedó a los Catatumberos: en el Catatumbo, el juicio no lo dicta la retórica ni los discursos pronunciados en las plazas públicas. Lo dictan los hechos. Y los hechos muestran que la apuesta más emblemática del gobierno de Gustavo Petro para transformar esta región terminó desbordada por una guerra que el Estado no consiguió contener, pese a que las alertas existían desde distintos sectores y eran reiteradas por las comunidades del territorio.
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