Ante los hechos ocurridos el 17 de febrero en el municipio de Convención, donde grupos armados al margen de la ley perpetraron un ataque en contra de la estación de policía que dejó en medio del fuego cruzado a cientos de estudiantes de la Escuela Normal Superior que se encontraban adelantando un acto cultural en la vía pública con ocasión del aniversario de la Institución, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, junto a representantes de las organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos y de la sociedad civil, levantaron su voz para rechazar en forma categórica cualquier acto delictivo, terrorista o acción que ponga en riesgo la vida e integridad de la comunidad educativa.

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El titular de la cartera Educativa señaló que, en las últimas semanas algunas comunidades educativas del Catatumbo, principalmente en municipios como El Tarra, Convención y zona rural de Teorama, se han visto inmersas en medio de enfrentamientos que han afectado el derecho a la educación impidiendo el normal desarrollo de la jornada escolar y generado un ambiente de temor e incertidumbre en estudiantes, docentes, directivos y padres de familia; a la vez que señaló que todo acto bélico que atente contra los niños y niñas va en contra de los Derechos Humanos y la Constitución Política.

"El Derecho Internacional Humanitario asigna una protección especial a las y los niños. Significa que en ningún conflicto los colegios pueden ser atacados, que las y los maestros puedan ejercer sus funciones sin amenazas, que las y los niños no sean reclutados ni intimidados. Los hechos registrados en el municipio de Convención, en el Catatumbo, constituyen una flagrante violación al DIH", señaló el ministro a través de sus redes sociales.

De igual manera, hizo un llamado para exigir a los grupos armados en el Catatumbo, y en todo el país, dejar a las y los niños por fuera de la guerra, y garantizarles espacios y entornos seguros y protectores para el libre desarrollo de sus actividades académicas, culturales y deportivas.

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Así mismo, explicó que una vez fueron puestos en conocimiento estos hechos se activó un plan de atención con funcionarios de la Gobernación, la alcaldía municipal y demás autoridades para implementar alternativas que mitiguen el impacto de la confrontación armada en los docentes, estudiantes, padres de familia, cuidadores y población afectada.

De otra parte, desde el Ministerio de Educación se hace un llamado urgente a la institucionalidad y a la sociedad civil para desarrollar acciones concretas y sostenidas en el tiempo que garanticen la salvaguarda de los derechos y la integridad de la niñez, y entre los que se destaquen, entre otras:

• Exigencia de inmunidad para la niñez: es fundamental garantizar su respeto y que no sean sujetos de reclutamiento, hostigamiento o intimidación, especialmente en entornos educativos.
• Protección de la infraestructura educativa: las escuelas deben ser reconocidas como espacios seguros y protectores. Es necesario que se detengan los ataques contra la infraestructura educativa y se garantice el respeto hacia los docentes y la comunidad educativa en general.
• Inclusión de la niñez y su derecho a la educación en los Diálogos de Paz: la protección de los niños, niñas, las y los jóvenes debe ser un tema prioritario en los diálogos de paz que se llevan a cabo con los diferentes grupos armados.
• Llamado a la unidad de la sociedad civil y el Estado: sumar esfuerzos en la protección de la niñez y la comunidad educativa. Es fundamental coordinar iniciativas que prevengan el uso de menores de edad por parte de grupos armados y establecer rutas de atención para las víctimas de este delito, garantizando así sus derechos y bienestar en un entorno de paz y seguridad.

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