De nuevo se activan las alarmas por la extorsión y el secuestro en la provincia de Ocaña y la subregión del Catatumbo, ante la retención del comerciante Otoniel Ortega Arévalo, en la urbanización El Hatillo, del municipio de Ocaña.
Versiones fragmentarias de los vecinos señalan que hombres fuertemente armados llegaron hasta la residencia y obligaron al comerciante a subir a una camioneta en la que huyeron con rumbo desconocido, informó el secretario de Gobierno, Hugo Eduardo Guerrero Bayona.
Familiares y amigos guardan hermetismo a la espera de que los responsables del plagio se atribuyan el hecho y formulen eventuales exigencias. Las autoridades investigan para establecer quiénes estarían detrás de la retención.
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Trascendió a este medio que Ortega Arévalo se dedica a la comercialización de productos desde y hacia el Catatumbo.
La pesadilla sin fin
El flagelo continúa latente. Permanecen en cautiverio el ciudadano Jorge Trigos Álvarez, de 78 años, retenido el 16 de febrero del presente año cuando salía de un centro religioso, y el reconocido abogado Sanín Antonio Mena, de 87 años, secuestrado el 26 de mayo de 2023.
También viven una prolongada incertidumbre los familiares del avicultor ocañero Evangelista Bohórquez Contreras, de 77 años, secuestrado el 19 de marzo de 2020 en la vereda Venadillo. Sus familiares continúan clamando por pruebas de supervivencia.
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Igualmente permanecen privados de la libertad, desde el pasado 17 de agosto, los miembros de la Policía Nacional mayor Freddy Alexis Russi González, la patrullera Erika Tatiana Monroy y el patrullero Edison Yesid Medina, adscritos al grupo contra el terrorismo de la Dijín, además de la civil Angi Jácome. Los cuatro fueron retenidos en el sector de La Curva, en Bucarasica, en la vía que conduce hacia Cúcuta.
Vulneración de los derechos fundamentales
Organismos defensores de derechos humanos han alertado sobre el repunte de este delito, con múltiples casos reportados en la provincia de Ocaña, el sur del Cesar y la zona del Catatumbo.
El personero de Ocaña, abogado Andrés Fauricio Torrado Amaya, manifestó que el secuestro sigue siendo una de las amenazas más graves contra la libertad, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de la región.
“No podemos permitir que este delito se normalice ni que las familias de las víctimas tengan que enfrentar solas la angustia y la incertidumbre”, agregó el funcionario del Ministerio Público, quien hizo un llamado a las autoridades nacionales y departamentales para que Ocaña y la región no sean dejadas solas frente a esta problemática.
“Necesitamos mayor presencia institucional, fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, investigación y reacción, y una articulación permanente entre las autoridades civiles, la Fuerza Pública y los organismos de justicia”, recalcó.
El personero afirmó que Ocaña necesita sentir y ver el respaldo del Estado.
“Aquí hay una comunidad que trabaja, que quiere vivir en paz y que merece transitar por su territorio sin miedo”, exclamó, al solicitar a los grupos armados al margen de la ley verdaderos gestos de reconciliación.
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“El secuestro no es solamente un delito: es una grave vulneración de los derechos humanos. Por eso, desde la Personería seguiremos acompañando a las víctimas y sus familias, haciendo seguimiento a la respuesta institucional y exigiendo que la libertad y la seguridad de los ciudadanos sean una prioridad”, puntualizó.
Regiones estancadas
La representante de la Red de Mujeres del Catatumbo, Alba Luz Trigos, censuró el flagelo y advirtió sobre sus repercusiones en el desarrollo de las regiones.
“No ha parado esta práctica que viola todos los derechos humanos. En los últimos meses ha afectado en mayor proporción a los adultos mayores de la región y ahora necesitamos la intervención de la Defensoría del Pueblo y de los organismos competentes. A nivel local, los planes de prevención y las garantías de no repetición son nulos”, remarcó.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Ocaña, Asís Gómez Márquez, rechazó las acciones de quienes atentan contra la libertad y los derechos fundamentales de las personas.
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“Ocaña no ha sido ajena a esa cadena, donde varias personas resultan afectadas por esa situación. Pedimos encarecidamente a las autoridades locales, departamentales y nacionales que tomen las medidas correctivas necesarias para brindar seguridad a todos los ciudadanos”, dijo.
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