El año pasado, los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) le ganaron la pelea al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Transporte, luego de que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C470/23 del 8 de noviembre, declarara inexequible el artículo 6 de la Ley  2283 de 2023 que obligaba a estas organizaciones a tomar un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que amparara los daños materiales causados a terceros, también conocida como ‘póliza de latas’.

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Una norma a la que los CDA se opusieron desde el momento de su promulgación y que los obligó a interponer una serie de demandas, para exigir la anulación de la misma, argumentando que a ellos nunca les socializaron que esta ley estaba en curso y mucho menos, que el costo lo tendrían que asumir directamente las empresas, sin poder aumentar las tarifas de las revisiones técnico-mecánicas.

Sin embargo, este año, un nuevo proyecto de ley buscaría revivir una norma similar, pero esta vez, obligando a los conductores de vehículos particulares a que sean ellos quienes adquieran lo que sería una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE).

La Opinión conoció que se trata del proyecto de Ley 428 de 2024 presentado por el Representante a la Cámara, Julián David López Tenorio, el pasado mes de abril y que ya se aprobó en un primer debate.

De acuerdo con el parlamentario, se trata de un proyecto que “busca democratizar los seguros, para que todos los conductores de vehículos particulares, incluyendo motocicletas, accedan a un póliza de bajo costo contra daños materiales a terceros”.

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López ha planteado que se decrete un Seguro Obligatorio de RCE que tenga que ser adquirido por los propietarios o tenedores de vehículos particulares o motocicletas y que sea expedido por una compañía de seguros legalmente establecida en el país.

La cobertura como mínimo tendría que ser de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv) para vehículos de servicio particular y 7 para motocicletas y automotores similares.

El seguro solo podría ser reemplazado o sustituido por cualquier otra póliza de RCE que cumpla con las mínimas condiciones, destacando que, las compañías aseguradoras podrán ofrecerla con “libertad de oferta para la tarifa y demás características”.

El documento presentado por el representante, detalla que, los seguros tendrían un bajo costo, poniendo como ejemplo que, el año pasado, las pólizas que alcanzaron a comprar los CDA alcanzaron los $42.000 y $32.000. 

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¿Quiénes se benefician? 

Fernando Villamizar, representante de varios CDA de la ciudad, señaló que detrás de este proyecto está el clan de la única aseguradora que, el año pasado, fue la autorizada para expedir las pólizas que les estaban exigiendo a los Centros de Diagnóstico Automotor. 

Una situación que llevó a que algunas empresas adquirieran el seguro para entregarlo a los usuarios, sin generar un cobro adicional, a fin de evitar ser sancionados o que les abrieran investigaciones, y que hoy tiene a más de un empresario con pérdidas. 

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Esto, teniendo en cuenta que, aunque muchos CDA han demandado a la aseguradora Mundial de Seguros para que les reintegre los valores que pagaron por la póliza que estaba consagrada en el inexequible artículo 6 de la Ley 2283, hasta la fecha no han recibido ninguna devolución, puesto que, según la empresa, los seguros son “irrevocables”. 

Por esta razón, consideran que, el nuevo proyecto solo busca sacarse “la espina” porque los CDA no permitieron que la ley siguiera en curso el año pasado. 

Ante este nuevo proyecto, hay opiniones divididas, pues hay quienes aseguran que, con la póliza para cubrir daños a terceros en lo relacionado con lo material, en el momento de un siniestro simple, esta medida permitirá que haya mejor resolución de conflictos en las vías, pues tienen un seguro que los ampara. 

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Pero hay quienes indican que se trata de un nuevo negocio, ya que les basta con tener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). 

No obstante, en la ciudad, los gremios de CDA advierten que se debe estar al pendiente, pues dicha norma podría implementarse sin socializarse con los sectores involucrados e implicaría un gasto adicional para los conductores. 

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