Cuatro personas del Táchira están entre la lista de los 38 venezolanos, dos colombianos y dos asiáticos, desaparecidos en la Isla San Andrés, Colombia, desde el pasado 21 de octubre, cuando zarpó la embarcación IASS-II.

Se trata de los tachirenses: Libebht Coromoto Gómez, de 37 años, su hijo José Gabriel Martínez Gómez, de 9 años; Lourdes Elizabeth Ramírez Vivas, de 56 años, y Myleden Natalie Porras Alviarez, de 27 años de edad (colobo - venezolana), quienes el 18 de octubre partieron desde el Aeropuerto El Dorado hacia la Isla San Andrés tras adquirir un paquete turístico de 900 dólares por persona con una empresa que promociona los viajes a través de TikTok.

Pero a casi un mes de la desaparición de las 42 personas en total, de los cuales 12 son menores de edad (entre 3 meses y 17 años), algunos han detectado que los teléfonos de los desaparecidos se encuentran activos y han ingresado a las redes sociales. Incluso, han enviado sticker a algunos de sus allegados.

En Costa Rica, se dice que los pasaportes de las personas fueron hallados completamente intactos, lo que les hace sospechar a los parientes, que se encuentran secuestrados por una mafia de trata de personas.

Wencelaidiy Pérez Ramírez, hija de Lourdes Elizabeth Ramírez (desaparecida), explicó que viajó desde el Táchira a Cúcuta, de allí se trasladó en avión a San Andrés con el fin de llegar a los Estados Unidos. Ella abordó la embarcación en la isla a las 7:00 p. m., desde cuando perdió comunicación con sus familiares.

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“Para nosotros ellos regresaron a la isla, hay varios testimonios que indican que ellos salieron y después de 20 minutos regresaron”, detalló su hija. Pues otra chica con la que iba acompañada Lourdes, era monitoreada por sus seres queridos a través de la ubicación en tiempo real de Google, lo que muestra que regresaron a tierra y caminó 20 minutos dentro de la isla después de las 12:00 de la madrugada del 22 de octubre.

Las personas que zarparon la embarcación tenían que seguir un protocolo, es decir, hacer lo que le indicaban los guías. Por tanto, la hija de Lourdes cree que los regresaron y les quitaron las pertenencias para hacerles creer que se ahogaron, para que los dejen de buscar.

“Eso es una organización, está hecho para hacernos creer cosas que no son”, expresó Wencelaidiy, quien viajó a la isla a interponer una denuncia formal. La Guardia Costera de la isla no permitió que un familiar los acompañara en la búsqueda ni han demostrado el patrón de búsqueda; por el contrario, autoridades colombianas en San Andrés pidieron a Wencelaidiy que procurara no permanecer mucho tiempo en el área.

Los al menos seis familiares contactados por La Opinión, expresan que las autoridades colombianas tampoco tienen una lista de los desaparecidos, son los mismos familiares de las víctimas quienes se han ido comunicando y construyendo el listado de personas (residentes de diversas regiones de Venezuela) que viajaban en la embarcación, en la cual también iban dos personas de origen asiático de quienes no se saben sus identidades ni sus familiares los han reclamado aún.

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Edixon López, yerno de Lourdes, contó que ese día salieron dos embarcaciones al mismo tiempo, una de ellas sí llegó a Nicaragua, varios de los tripulantes también eran de Táchira y han ayudado a aportar información de cómo fue el zarpe.

En Cúcuta no admitieron la denuncia 

López relató que los familiares se desplazaron inicialmente a Cúcuta para entablar la denuncia, pero no la admitieron y los enviaron a la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de Cúcuta, en donde les dijeron que el canal regular era por San Andrés, porque consideraban que “eso no era una desaparición forzosa, sino una desaparición por voluntad propia”. 

Así pues, la esposa de Edixon viajó a la isla en donde no le permitieron obtener una copia de la denuncia, solo le permitieron tomar una foto del documento. 

La lancha IASS-II había sido detenida este mismo año 2023 por tráfico de personas, según indica un reportaje publicado por una televisora colombiana, pero resulta que nuevamente estaba operando, apuntó. Cuatro lanchas han desaparecido bajo el mismo esquema en la isla, desde el año 2022. 

Los allegados reportan que cuando fueron a San Andrés en la búsqueda fue que supusieron que esa zona es “un antro del crimen”, incluso, la misma Guardia Costera cobró para permitir el zarpe de la embarcación.  

Los seres queridos de los tachirenses han movido cielo y tierra con los gobiernos de Costa Rica, que ha sido uno de los que mayor colaboración ha prestado, pero el gobierno de Nicaragua, no han permitido el permiso para que avionetas privadas contratadas por los familiares hagan un sobre vuelo de búsqueda. 

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También han enviado comunicados a la Cruz Roja Internacional, que no les ha ofrecido respuestas. Hicieron una comunicación al secretario general de la ONU, pidieron que designaran al Alto Comisionado de Colombia a fin de que se activen los protocolos internacionales pertinentes, enviaron peticiones al presidente de Nicaragua y solicitaron apoyo a la iglesia Católica. 

Por el lado venezolano, los familiares de otros desaparecidos que se encuentran en Caracas acudieron a interponer denuncias antes instancias nacionales, pero no les aceptaron dicha denuncia por no haber ocurrido en territorio venezolano. Por tanto, los deudos, han pagado lanchas privadas para que hagan búsquedas en la zona cercana a Costa Rica. 

Piden la mayor colaboración, tanto al gobierno de Colombia como de Venezuela, para continuar la búsqueda de estas 42 personas, sobre todo ahora que ya existe comunicación  entre las autoridades de ambos países y se han reunido los ministros de la Defensa.  

“Ellos están conscientes de que hay un tráfico fuerte de personas y de venezolanos, sobre todo, que les ofrecen paquetes turísticos en los que les dicen que pueden viajar de San Andrés a Nicaragua, cuando en San Andrés la policía y la Guardia Costera les pide dinero en las calles”, describió López. 

José Gregorio Gómez Quirós, familiar directo de Lisbeht Coromoto Gómez y su hijo José Gabriel Martínez Gómez, refirió que su hermana llegó a la isla el día 18 de octubre, al día siguiente no los dejaron salir, los retuvieron y les quitaron dinero para permitirles seguir en la isla. 

Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión 

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