Un alarmante diagnóstico presentado de manera conjunta por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo reveló que entre los años 2022 y 2025 se registraron en Colombia 10.942 casos de negligencia y abandono hacia personas mayores, situaciones ocurridas con especial frecuencia en centros hospitalarios de todo el país.

De acuerdo con los datos consolidados por las alcaldías de los 1.103 municipios colombianos, la radiografía más reciente confirma la presencia de 7.891 adultos mayores institucionalizados en situación de abandono. Dentro de este grupo, las autoridades encendieron las alarmas al identificar que 4.941 de ellos llevan más de un año continuo dentro de un establecimiento de atención.

Lea aquí: Gobierno anuncia sus nueve candidatos para la Junta Directiva de Ecopetrol

Personas con discapacidad y falta de redes familiares

La problemática se extiende a las personas con discapacidad que habitan de forma permanente en instituciones, una cifra que ascendió a 17.362 ciudadanos, de los cuales 12.184 carecen por completo de una red de apoyo familiar o social identificada. Adicionalmente, las administraciones locales con mayores índices de personas con discapacidad psicosocial reportaron a 12.450 ciudadanos bajo condición de institucionalización.

El informe resalta una grave falla estructural en las entidades territoriales, toda vez que el 55% de los municipios consultados (303 de 551) admitió mantener personas bajo cuidado institucional sin ningún contacto familiar o externo. La ausencia de acompañamiento obliga a que la permanencia en hospitales y centros de larga estancia se extienda de forma indefinida.

Entérese: Gobierno de De la Espriella revive la aspersión con glifosato contra cultivos ilícitos

Déficit presupuestal y fallas en los protocolos locales

Frente a la capacidad de respuesta, el panorama es crítico, ya que de los municipios participantes, únicamente 197 reportaron presupuesto propio destinado a programas de cuidado comunitario, y apenas 137 cuentan con opciones alternativas como vivienda asistida, hogares sustitutos o atención domiciliaria. En contraste, el 75% de las localidades (412 municipios) reconoció que su oferta institucional resulta del todo insuficiente.

Los organismos de control concluyeron que la desarticulación entre entidades, la escasez de recursos financieros y las marcadas inequidades regionales terminan convirtiendo la internación en la única respuesta del Estado. Sumado a ello, solo el 47% de los municipios posee una ruta formal para verificar si una persona debe permanecer institucionalizada, si cuenta con allegados o si se encuentra formalmente desamparada.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .