El Movimiento Causa Justa hizo un llamado a las instituciones prestadoras de salud para que continúen garantizando el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país, y señaló que el proyecto de acto legislativo que busca establecer que la vida comienza desde la fecundación no modifica el marco jurídico vigente ni suspende los efectos de la Sentencia C-055 de 2022.
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"La radicación de este proyecto de acto legislativo para volver a penalizar el aborto no significa que la Sentencia C-055 pierda vigencia. Este también es un mensaje para el sistema de salud y para las instituciones prestadoras de servicios. La interrupción voluntaria del embarazo debe seguir garantizándose con total normalidad, sin discriminación y sin barreras de acceso en todo el territorio nacional", afirmó Laura Pedraza, abogada de incidencia política de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
El pronunciamiento se produjo luego de que congresistas del Partido Conservador, Salvación Nacional y la bancada provida radicaran un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 11 de la Constitución Política y establecer expresamente que la protección de la vida comienza desde la fecundación.
Frente a esa iniciativa, Causa Justa insistió en que la propuesta no tiene efectos jurídicos inmediatos sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pues la Sentencia C-055 de 2022 continúa vigente. Además, recordó que la Corte Constitucional reiteró ese precedente en la Sentencia SU-297 de 2025.
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La organización explicó que el proyecto apenas inicia su trámite en el Congreso y que, para convertirse en una reforma constitucional, deberá superar ocho debates legislativos. Incluso, si llegara a ser aprobado, podría ser sometido al control de la Corte Constitucional.
También reiteró que la protección de la vida no es incompatible con el acceso al aborto en los casos permitidos por el ordenamiento jurídico y señaló que garantizar este servicio hace parte de las obligaciones del Estado en materia de derechos reproductivos.
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"Los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos ya han establecido que no hay incompatibilidad entre el derecho al aborto y la protección de la vida, pues el aborto es un servicio de salud esencial que salva vidas y protege la salud de muchas mujeres, niñas y adolescentes", afirmó Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos.
La organización hizo un llamado al Congreso para que cualquier discusión sobre la iniciativa tenga en cuenta el precedente fijado por la Corte Constitucional y reiteró que continuará defendiendo la vigencia de la Sentencia C-055 y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo conforme al marco jurídico actual.
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