El río sigue ahí. También están los cultivos, la escuela y el centro de salud. Lo que ha cambiado es la posibilidad de llegar hasta ellos.

Para miles de personas en Colombia, quedar confinadas significa no poder desplazarse libremente por el territorio en el que viven. Las restricciones impuestas por grupos armados organizados obligan a modificar horarios, suspender actividades y limitar recorridos. En algunos casos, las comunidades deben permanecer durante semanas en sus casas y sobrevivir con los alimentos que solo tienen disponibles en ese momento.

Las cifras permiten ver la dimensión de un fenómeno que afecta a comunidades de distintas regiones del país. Más de 780.000 personas han sido confinadas desde enero de 2017 hasta agosto de 2026 de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Los registros, además, muestran un crecimiento progresivo. Solo comparando los años 2023 y el 2025 hubo un incremento de más del 75% en el número de personas confinadas. Pero el número acumulado no es la única señal de la dimensión del problema. De acuerdo con las cifras de OCHA, durante la última década, en promedio, cada 7 días una comunidad, consejo comunitario o resguardo indígena ha enfrentado una situación de confinamiento.

Cuando salir a trabajar se convierte en un riesgo

Antes del confinamiento, Nancy* podía caminar hasta su cultivo y recorrer el monte sin pensar que alguno de esos trayectos pudiera poner en peligro su vida. Hoy, muchas de esas actividades quedaron suspendidas. 

“A veces uno se iba para su cañaduzal y uno andaba tranquilo, pues ahora uno ya no lo puede hacer. A uno el temor no lo deja ir a los montes a cortar el banano, a traer una papa china o a cortar la caña. Y pues, de eso es de lo que nosotros vivimos”.

Cuando no pueden llegar a los cultivos, las familias tampoco pueden sembrar ni recoger alimentos. Lo que tienen en casa debe alcanzar para más tiempo y, cuando las provisiones escasean, las porciones se reducen. 

La afectación también alcanza a quienes viven del río. Fabio* cuenta que los horarios de circulación pueden cambiar por órdenes de los grupos armados. Hay días en los que solo pueden movilizarse personas autorizadas y otros en los que se prohíbe el tránsito después de determinada hora. “Aquí parece que tuviéramos que pedir permiso para vivir”, dice. 

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En estas situaciones, la ayuda humanitaria es fundamental para salvar la vida de quienes se quedan sin alimentos, sin servicios de salud, sin agua o desprotegidos en sus casas. 

Además, el Derecho Internacional Humanitario es claro, todas las partes en el conflicto tienen la obligación de tratar con dignidad a civiles bajo sus áreas de influencia. Los atentados contra la dignidad, los tratos humillantes o degradantes están prohibidos y el acceso a la ayuda humanitaria debe garantizarse. 

La vida cuando el territorio se cierra 

Cuando se restringe la movilidad, también se interrumpe el acceso a servicios esenciales. Las niñas y los niños pueden dejar de asistir al colegio durante días o meses. En algunos casos, las clases presenciales deben suspenderse porque los docentes tampoco pueden desplazarse con seguridad o quedan confinados en sus casas. 

“A uno le preocupa que los niños estén bien y seguros. Uno quiere que puedan venir tranquilos a la escuela, aprender sin miedo y dar las clases sin temor”, explica un docente de una comunidad afectada. 

La salud enfrenta obstáculos similares. Una consulta, un tratamiento o una emergencia pueden depender de que exista una ruta segura para salir del territorio. Para las mujeres y las niñas, las restricciones pueden impedir controles prenatales, acceso a métodos anticonceptivos o atención ante una emergencia obstétrica. 

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Otro tema que afecta a las víctimas es el bienestar mental, porque vivir con miedo también deteriora la salud de la población. En una comunidad indígena del nororiente de Colombia, el temor por el conflicto en territorios cercanos ha obligado a las familias a confinarse para protegerse. 

“Nosotros somos una comunidad resistente que, a pesar de todo, nos hemos mantenido aquí. Pero siempre está el miedo, porque en otras comunidades han pasado muchas cosas. Uno piensa que en cualquier momento pueden llegar [los actores armados] y que nos toque irnos o cambiar nuestra forma de vivir”, relata un habitante.

Norte de Santander, segundo departamento con mayor número de víctimas

Los registros evidencian que el confinamiento afecta algunos territorios de manera desproporcional. Según OCHA, entre enero de 2022 y agosto de 2026 más de 12.000 personas fueron confinadas en el departamento. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, con corte al 1 de julio de 2026, Norte de Santander concentró 15 eventos de confinamiento, superado por Chocó, con 235 eventos; Cauca, con 37; Valle del Cauca, con 34; Arauca y Nariño, ambos con 33 eventos.

Durante los primeros siete meses de 2026, la Defensoría del Pueblo ubicó a Norte de Santander como el séptimo departamento con mayor número de personas afectadas, con más de 3.300 en los municipios de La Esperanza y Sardinata.

A pesar de la situación, la afectación puede ser mayor. El temor a represalias hace que algunos casos no sean reportados o no lleguen al conocimiento de las autoridades, las organizaciones humanitarias o los medios de comunicación.

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“Visibilizar el confinamiento es una oportunidad para llamar la atención sobre la grave emergencia humanitaria que continúa en el país”, señala Giovanni Rizzo, director de país del Consejo Noruego para Refugiados (NRC). 

Las víctimas del confinamiento sufren en silencio y encerradas en sus casas o territorios. No hay muros, pero sí caminos que no se pueden recorrer, cultivos a los que no se puede llegar, escuelas que deben cerrar y servicios de salud que quedan fuera de alcance. Las personas permanecen en su territorio, pero pierden lo más importante: su libertad. La protección y asistencia de esta población deben ser una prioridad para el Estado.

*Los nombres  en este reportaje fueron cambiados para proteger la seguridad de las víctimas.

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