Entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre han sido judicializadas 275 personas por haber cometido presuntamente delitos contra menores de edad. Los hechos ocurrieron principalmente en Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Córdoba y Bogotá.
Las investigaciones revelaron que, en la mayoría de los casos, los agresores harían parte del entorno familiar o cercano de las víctimas.
"Esta circunstancia evidencia la importancia de fortalecer los entornos de confianza y protección de niños, niñas y adolescentes, así como de generar espacios de diálogo que les permitan advertir situaciones que afecten su integridad y expresar oportunamente lo que les ocurre", explicó la Fiscalía.
Del total de personas judicializadas, 258 recibieron medidas privativas de la libertad.
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Entre ellos, se encuentra un hombre identificado como Luis Alfonso Guzmán, señalado como el presunto responsable de abusar sexualmente de un adolescente de 15 años, el pasado 10 de agosto en una fundación ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Esta persona habría aprovechado su condición de profesor y la confianza que tenía con la víctima para llevarla hasta un apartamento. La Fiscalía le imputó el delito de acto sexual violento agravado.
También fue judicializado otro hombre, esta vez en Soacha, por presuntamente someter sexualmente de manera reiterada a su prima entre 2015 y 2020, desde que ella tenía 6 años. Fue vinculado y asegurado por los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años.
Entre los casos también se reportó el caso de dos hombres que habrían agredido sexualmente a cuatro niñas y adolescentes de comunidades indígenas en Cumaribo y Puerto Carreño (Vichada). Uno de ellos es señalado de dejar en embarazo en dos oportunidades a una víctima de 13 años. Las niñas que nacieron presuntamente también fueron sometidas sexualmente.
Todos esos casos, según explicó la Fiscalía, son el resultado de procesos de investigación en donde se articularon las capacidades de los fiscales seccionales de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (Caivas) y de los fiscales especializados de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA).
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