Colprensa / Camilo García
La situación de seguridad en Colombia es la principal bandera del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Aunque ha dirigido seis bombardeos contra grupos armados en diferentes regiones del país y varias megatomas en ciudades capitales como Barranquilla, Medellín y Bogotá, el delito, especialmente en las ciudades, sigue siendo una preocupación.
Cúcuta es uno de los ejemplos principales de ello: el pasado 26 de octubre fue asesinado el exsecretario de Gobierno de la ciudad, Miguel Castellanos, en un ataque sicarial. Un día después, el 27 de octubre, un carro bomba explotó cerca del puente Francisco de Paula Santander, en inmediaciones de las instalaciones de la DIAN, y dejó cuatro policías heridos.
Esto se suma a una disputa por el control del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y los corredores fronterizos. La Opinión ha documentado que la violencia en la región no se explica únicamente por los efectos de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, sino también por la presencia de organizaciones criminales, vinculadas en su mayoría a esos grupos, que buscan ampliar su control territorial.
Como solución, De la Espriella, acompañado por el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, y la cúpula militar, anunció la militarización de la ciudad. “No vamos a permitir que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo y amenazando a las familias del departamento”. En total, se trata de un despliegue de 324 nuevos integrantes del Ejército y alrededor de 150 policías que se sumarán a las labores de vigilancia, control y prevención del delito.
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La decisión sería acertada, según explica Andrés Macías, investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), porque “en Cúcuta hay una amenaza armada y territorial, por lo que el Ejército puede aportar capacidades que la Policía no tiene: movilidad, inteligencia militar, protección de infraestructura, operaciones contra estructuras armadas y control territorial”.
Sin embargo, según el analista, no se trata solo de aumentar el pie de fuerza disponible, sino de ejecutar estrategias reales de seguridad con su presencia. “Cúcuta no debería utilizarse como evidencia de que ‘más militares = más seguridad’, sino como un caso para preguntarnos cuándo y para qué el instrumento militar es pertinente”, explica.
Bogotá, sin embargo, tiene otro perfil. Aunque persisten las disputas entre estructuras criminales por el control de economías ilegales, con presencia de redes como el Tren de Aragua y Los Satanás, vinculadas a extorsiones, tráfico de drogas y homicidios, no hay presencia de grupos terroristas, por lo que la acción del Ejército no sería relevante.
“El Tren de Aragua tiene azotada en extorsión a toda la ciudad, tiene presencia en ocho de las 20 localidades, tiene redes que les ha permitido sicariatos embolsados y privatizados, pero no son un grupo terrorista ni un grupo armado reconocido. Un grupo catalogado así tiene enfrentamiento a fuego con la fuerza pública, en Bogotá no pasa eso. El Tren del Aragua no busca ni hacer estallar un CAI ni enfrentarse a fuego con la policía o con el ejército”, explica Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central.
Eso quiere decir simplemente que no pueden actuar contra estos grupos. “No pueden recolectar evidencia técnica, investigación, legalizar capturas, atender problemas civiles ni de convivencia, ni riñas, ni temas de violencia intrafamiliar, ni de lesiones personales. Tampoco actuar en temas de movilización o protesta social. Eso lleva a que entonces esta acción de los soldados, pues, sea ineficaz frente a la delincuencia común, que es lo que afecta hoy a Bogotá”, agrega.
Lo que hay que aclarar, sin embargo, es que la Décima Tercera Brigada del Ejército tiene presencia permanente en Bogotá y Cundinamarca y desarrolla funciones de defensa y protección frente a amenazas a la seguridad, además de participar, en coordinación con la Policía y las autoridades civiles, en determinados dispositivos de seguridad.
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El 7 de noviembre se realizará un cabildo abierto sobre ese tema por iniciativa del concejal Julián Uscátegui y el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui en la Universidad Militar Nueva Granada, en el que se discutirá la implementación de la asistencia militar como herramienta para fortalecer la seguridad de Bogotá.
Militarización no es igual a seguridad
Algo en lo que coinciden los analistas, especialmente Macías, es que militarización y seguridad no son sinónimos.
“La militarización es, en todo caso, un instrumento que puede utilizarse excepcionalmente dentro de una política de seguridad. El problema es asumir que una mayor presencia de hombres armados produce automáticamente más seguridad. La evidencia disponible para Colombia es especialmente pertinente y relevante: un experimento realizado hace un tiempo en Cali con patrullajes militares intensivos encontró poca o ninguna evidencia de reducción del delito o de una mejora en la percepción de seguridad durante la intervención”.
Los resultados están por verse en los próximos días.
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