La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para investigar presuntas irregularidades en dos contratos firmados entre el Instituto de Casas Fiscales del Ejército Nacional y el Ejército.
Los contratos, destinados a la construcción de unidades residenciales en Nilo (Cundinamarca) y Buenavista (La Guajira), han generado preocupación por la gestión de recursos y el cumplimiento de los acuerdos.
Los informes preliminares indican que las obras se suspendieron en agosto y que los contratos vencieron sin que se tenga claridad sobre el destino de los anticipos, que suman más de $2.000 millones y fueron otorgados en 2019 y 2021.
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Esta situación llevó a la imposición de multas y al inicio de procedimientos sancionatorios debido a los incumplimientos parciales en la ejecución de los proyectos.
La Procuraduría busca determinar si se cometieron conductas constitutivas de falta disciplinaria y si los implicados actuaron o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad.
La regional de Instrucción de Cundinamarca recibió información sobre una posible pérdida de recursos, resultado de la suspensión de las labores de construcción de 36 casas.
En un contexto de creciente preocupación por la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, este caso ha generado una gran conmoción en la opinión pública.
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La investigación de la Procuraduría es vista como un paso crucial para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia.
El Ejército Nacional manifestó su disposición a colaborar plenamente con las investigaciones y ha asegurado que se tomarán las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad detectada.
Otro caso: el general Luis Mauricio Ospina
Ayer, a través de un comunicado, la Procuraduría anunció la apertura de investigación disciplinaria al comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, quien, al parecer, habría ordenado seguimientos e interceptaciones ilegales, al profesor de inglés de su esposa.
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De acuerdo con las denuncias publicadas en medios de comunicación, el alto mando militar, presuntamente, habría abusado de sus funciones y habría ordenado utilizar los servicios de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, para fines personales.
Dentro del análisis del ente de control, se determinará si, además, el general Ospina, habría ordenado un montaje, acusando sin prueba alguna a un ciudadano de pertenecer a un grupo al margen de la ley, y así justificar dichos seguimientos.
Según el comunicado, la Procuraduría comprobará, a través de la recolección de testimonios, pruebas y documentos, si el actual comandante del Ejército habría incurrido en faltas disciplinarias, al abusar de su poder y usar los servicios de inteligencia y contrainteligencia, así como utilizar a subalternos, para fines alejados a los de la institucionalidad.
*Con información de Vanguardia
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