La Procuraduría General de la Nación identificó riesgos financieros y operativos en el contrato por hasta $2 billones que Air-e suscribió con la empresa China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC).

De acuerdo con el Ministerio Público, dada la cantidad de recursos de recursos en riesgo, decidió adelantar una revisión preventiva para examinar los posibles efectos que pueda tener el contrato suscrito el pasado 19 de agosto de 2026 por el agente especial de Air-e, Jaime Humberto Mesa Buitrago, sobre las finanzas de la empresa y la prestación del servicio de energía.

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La Procuraduría llegó a esta conclusión después de requerir información a Air-e y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y revisar el contrato, sus anexos y la documentación recopilada durante el seguimiento.

A partir de dicha información, el Ministerio Público está reconstruyendo el proceso que llevó a la negociación y posterior firma del acuerdo, con el propósito de establecer la participación y las decisiones adoptadas por los distintos agentes especiales que han estado al frente de la empresa.

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En esa revisión están las actuaciones de Edwin Palma Egea, Diana María Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres, Tania Patricia Peñaranda Zuleta y Jaime Humberto Mesa Buitrago, quien suscribió el contrato con CMC.

La Procuraduría busca determinar cómo se estructuró el negocio, qué decisiones fueron tomadas durante cada administración y cuáles son los riesgos asociados al contrato, así como establecer, si corresponde, eventuales responsabilidades.

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