Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y uno de los primeros condenados por el escándalo de corrupción en esa entidad, quedará en libertad luego de que un juez de ejecución de penas reconociera la redención de su condena por actividades de estudio y trabajo durante su reclusión.

Sin embargo, su salida de prisión no significa que termine su participación en las investigaciones: el abogado continuará colaborando con la Fiscalía como testigo en expedientes que comprometen a exdirectivos de la entidad y a otros funcionarios.

Rodríguez Melo recibió una pena de 58 meses y 19 días de prisión, equivalente a cerca de cuatro años y diez meses, luego de suscribir un preacuerdo con la Fiscalía.

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De acuerdo con información publicada por Semana, su defensa solicitó que se le reconociera el tiempo redimido por las actividades realizadas en la cárcel.

El juez también valoró su comportamiento durante la reclusión y determinó que cumplía los requisitos para concederle el beneficio.

La decisión tiene un alcance que va más allá de su situación personal, pues Rodríguez Melo es uno de los testigos relevantes en las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la contratación de la UNGRD durante la dirección de Olmedo López.

Su conocimiento de los procedimientos contractuales y sus declaraciones ante las autoridades lo han convertido en una pieza dentro de los procesos que buscan establecer cómo operó el entramado de corrupción.

El contrato de los 40 carrotanques que destapó el escándalo

El origen de la condena de Rodríguez Melo está en la contratación de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades de La Guajira.

El negocio, que superó los $46.800 millones, se convirtió en uno de los principales detonantes del escándalo de corrupción en la UNGRD, tras conocerse las presuntas irregularidades en la selección del contratista y el manejo de los recursos públicos.

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Para entonces, Rodríguez Melo se desempeñaba como asesor de la dirección de la entidad, encabezada por Olmedo López. Según las investigaciones, el abogado presentó ante la UNGRD al empresario Luis Eduardo López Rosero, conocido como ‘El Pastuso’, quien terminó vinculado al negocio de los vehículos.

La Fiscalía sostuvo que Rodríguez Melo intervino en el trámite de cotizaciones de empresas relacionadas con el mismo contratista, con el propósito de dar apariencia de competencia al proceso de selección.

Las pesquisas también apuntaron a que habría recibido $1.000 millones por gestionar la adjudicación del contrato.

En sus declaraciones ante la justicia, Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, aseguró que Rodríguez Melo revisaba documentos contractuales antes de que estos llegaran a la firma de Olmedo López.

Como parte del acuerdo con la Fiscalía, el abogado aceptó responsabilidad por delitos que incluyeron concierto para delinquir y falsedad en documento público.

La negociación judicial derivó en la condena que ahora se da por cumplida con el reconocimiento de la redención de pena. No obstante, su colaboración con las autoridades continúa.

Según informó El Tiempo, el principio de oportunidad relacionado con Rodríguez Melo fue prorrogado para que siga aportando información en las investigaciones sobre la contratación de la UNGRD y otros hechos bajo escrutinio judicial.

En una audiencia celebrada en septiembre, el fiscal Diego Montenegro señaló que el exasesor había colaborado con la justicia, aunque todavía se requería su testimonio en actuaciones pendientes.

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Su declaración también fue incorporada como prueba sobreviniente ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en uno de los procesos relacionados con el escándalo. De esta manera, aunque recuperará la libertad, seguirá vinculado al desarrollo de las investigaciones en calidad de colaborador y testigo.

El papel de Rodríguez Melo ante la justicia no se limita al expediente de los carrotanques.

El abogado también es una figura relevante en el proceso que involucra a Camilo Romero, exgobernador de Nariño y exembajador de Colombia en Argentina, por presuntas irregularidades en la comercialización de Aguardiente Nariño durante 2016, señalamientos que ha negado Romero.

Rodríguez Melo fue jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Nariño entre enero de 2016 y febrero de 2019, durante la administración de Romero.

En ese periodo se tramitó el proceso investigado por la comercialización de cerca de 80.000 botellas de aguardiente, en un contrato cuyo valor se aproximaba a los $18.000 millones.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, se habrían elaborado documentos y actos administrativos para ajustar el procedimiento y permitir la adjudicación directa de la comercialización del licor.

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En sus declaraciones, el exasesor sostuvo que el proceso habría favorecido a personas que aportaron recursos a la campaña electoral. Romero, por su parte, ha rechazado los señalamientos y cuestionado la credibilidad de Rodríguez Melo.

Según declaraciones recogidas por El Tiempo, el exgobernador aseguró que existe un audio en el que el abogado afirma que él no tuvo relación con las irregularidades investigadas, tanto en el caso de los licores como en el escándalo de la UNGRD.

En la misma línea, el abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Romero, ha sostenido que Rodríguez Melo no ha demostrado que el exmandatario hubiera impartido una instrucción contraria a la ley.

Por tanto, sus señalamientos deberán ser contrastados en el curso del proceso y no constituyen, por sí solos, una determinación de responsabilidad penal.

La salida de prisión de Rodríguez Melo abre así una nueva etapa en su situación judicial.

Aunque la condena derivada del contrato de los carrotanques se considera cumplida tras la redención reconocida por el juez, su colaboración seguirá siendo relevante para esclarecer otros capítulos del entramado de corrupción de la UNGRD y para el proceso que se adelanta por la contratación de licores en Nariño.

Tomado de El Colombiano.

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