Con el propósito de reforzar la seguridad en la ciudad, la Alcaldía de Cúcuta anunció la instalación de más de 1.800 cámaras de seguridad con inteligencia artificial y más de 100 cámaras LPR, con capacidad para identificar placas vehiculares. Aunque el proyecto fue anunciado para mediados del presente año, todavía se encuentra en la fase de instalación de fibra óptica y adecuación de los centros de monitoreo.
Así lo explicó la secretaria de Seguridad Ciudadana, Tatiana Cáceres, quien aseguró que ya se han logrado avances significativos y que, por esa razón, esta semana está previsto iniciar la fase de instalación de las cámaras.
La funcionaria recordó que el proyecto contempla la instalación de 1.899 cámaras en toda la ciudad. De estas, 1.600 cámaras y tres torres portátiles, cada una con seis dispositivos, hacen parte de un proyecto cofinanciado con recursos del Sistema General de Regalías, mientras que otras 293 corresponden a una iniciativa financiada conjuntamente con el Ministerio del Interior.
También detalló que 200 cámaras son de tipo PTZ domo y 93 corresponden a cámaras LPR de reconocimiento de placas.
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En cuanto a la ejecución, la secretaria afirmó que ambos proyectos avanzan dentro de los tiempos previstos, teniendo en cuenta la magnitud de las obras, que incluyen la instalación de infraestructura eléctrica, obras civiles, tendido de fibra óptica y adecuación de centros de monitoreo, así como la intervención de 1.893 puntos distribuidos por todo el municipio.
Por esta razón, precisó que el alcance de las iniciativas exige plazos de ejecución más amplios que los de proyectos de menor escala.
Las características de las cámaras e inversión
La secretaria de Seguridad de Cúcuta, Tatiana Cáceres, informó que ambos proyectos cubrirán conjuntamente las 10 comunas del municipio y los corregimientos de San Pedro y Carmen de Tonchalá, con lo que se busca extender la videovigilancia articulada a todo el territorio municipal, tanto urbano como rural.
Indicó que los puntos de instalación fueron priorizados en coordinación con la fuerza pública, con el propósito de garantizar ubicaciones estratégicas, de acuerdo con los mapas de calor del delito y los corredores viales de interés.