El próximo 17 de noviembre se cumplirán cuatro años del trágico desbordamiento de la quebrada Tonchalá, que arrasó con todo a su paso en el sector Valles del Rodeo, afectando seriamente a los barrios 23 de Enero, La Isla, Canarios y Bendición de Dios, donde la crecida dejó muerte y desolación en más de 200 familias que, al día de hoy, todavía esperan por soluciones concretas de parte de las autoridades nacionales. 

Justamente por el incumplimiento de los compromisos adquiridos, damnificados de aquella tragedia acudieron a las vías de hecho para llamar la atención y bloquearon la vía entre Cúcuta y El Zulia, a la altura de los Jardines de Paz, provocando una severa congestión de vehículos particulares, pero sobre todo de carga pesada. 

Los reclamos de la comunidad estaban dirigidos principalmente hacia Carlos Carrillo, director general de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, Ungrd, quien aseguró en su reciente visita a Cúcuta, el pasado mes de octubre, que los recursos para honrar los compromisos con estos ciudadanos estaban garantizados y estaban próximos a pagarse. Sin embargo, el dinero sigue sin llegar.

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El reclamo 

Nubia Vargas es una de las damnificadas que dejó la crecida de la quebrada Tonchalá. Es oriunda de Pelaya, Cesar, desde donde tuvo que salir desplazada hace más de 5 años. Hoy asegura sentirse como una ‘bola de ping pong’, porque la pelotean para todos lados, de organismo en organismo, en busca de soluciones. 

“Hace cuatro años quedamos con lo que traíamos puesto. Ahorita no estamos pidiendo limosna, queremos nuestras viviendas, esas que perdimos en la tragedia. Queremos una reubicación inmediata, una vivienda digna. Si ellos no quieren pagar arriendo, entonces que nos reubiquen ya”, expresó la mujer. 

Giovanny Ortega es otro de los damnificados que dejó aquella noche del 17 de noviembre de 2020, un episodio que quisiera olvidar para siempre, pero con el que a diario se estrella porque es la causa de  la realidad que vive. 

Con una bandera de Colombia abrazada a su espalda, expresó que “acordarse de esa noche es terrible, tan terrible y lamentable como la situación que venimos padeciendo desde ese momento”, dijo, por eso su pedido a las autoridades es a que  les cumplan con lo prometido. 

“Necesitamos claridad en el proceso, vamos a trabajar con la verdad, no queremos más dilación. Nos están vulnerando nuestros derechos. Necesitamos que se pongan al día con los subsidios de arriendo”, expresó Ortega. 

Aseguró que han participado en múltiples mesas de trabajo con los funcionarios del gobierno, tanto del orden nacional como municipal, pero todo ha sido una burla. 

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La deuda

Sobre la deuda correspondiente a los subsidios de arriendo, Giovanny Ortega explicó que tienen tres contratos firmados, desde enero hasta septiembre, precisó que cada contrato es trimestral y equivale a 922.000 pesos por núcleo familiar, de modo que a la fecha hay  un saldo pendiente de 2.766.000, es decir, que sólo a los damnificados del barrio 23 de enero, que son cerca de 90 familias, les adeudan alrededor de 248.940.000 pesos. 

Ortega aclaró que no hacen parte de ninguna parcialidad política, pero lamentó que el Gobierno que se dice del cambio incurra en los mismos incumplimientos de otras administraciones, señaladas de corruptas. 

Dijo ser consciente de la molestia que están provocando a la población que se moviliza por esa carretera, que conecta a Cúcuta con otros municipios del área metropolitana, como El Zulia y San Cayetano, además de ser la vía nacional que conduce a Ocaña y la Costa Caribe, pero las acciones son consecuencia de la incomprensión por parte de las autoridades nacionales.  

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“Yo lo único que pido es mi casita, esa que perdí, apenas la tenga no me vuelven a ver en esta situación”, dijo. 

El bloqueo vial, que se inició sobre las seis de la mañana de este cinco de noviembre, amenazaba con prolongarse las horas y días que fueran necesarios. Lo que inició con cierres de una hora con aperturas cortas de 10 minutos, se convirtió en un bloqueo más prolongado, esto ante la falta de respuestas por parte de las autoridades correspondientes.
 

¿Problemas con el trámite? 

Diario La Opinión intentó establecer comunicación con Alexander Chávez, secretario de Gestión de Riesgos de Cúcuta, para conocer el estatus de estos subsidios, pero no fue posible. No obstante, se conoció de manera extraoficial que hoy y mañana el funcionario estará junto al alcalde Jorge Acevedo en Bogotá, donde acudirán a la Ungrd para aclarar este asunto, pues al parecer se habría hecho una depuración, dado que había irregularidades en la documentación de al menos 64 beneficiarios. 

Adicionalmente, se conoció que la adjudicación de estos subsidios cada tres meses quedó establecida en el artículo 15 de la resolución 0483 de 2023, siempre y cuando la autoridad territorial, es decir, el municipio de Cúcuta, radique los documentos necesarios para legalizar los giros.

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