La Contraloría General de la República realizó un análisis al Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2027 y detectó una desfinanciación de $30,2 billones. 

Por esta razón hace un llamado a respaldar cada apropiación con ingresos ciertos o ajustar el gasto para preservar la sostenibilidad fiscal y asegurar que la discusión legislativa conduzca a un presupuesto técnicamente financiado, responsable y capaz de cumplir los compromisos del Estado.

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Esta advertencia ha sido formulada de manera reiterada por la Contraloría durante las tres últimas vigencias presupuestales (PGN 2024,2025 y 2026), en las que ha identificado riesgos estructurales asociados a la financiación del presupuesto.

Además, ha insistido en que el PGN debe sustentarse en ingresos ciertos y no sobre supuestos, que aumenten la inversión en vez de disminuirla y la necesidad de mantener coherencia entre el proyecto de presupuesto y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Según el ente de control, en el trámite del PGN de 2026, el 19 de agosto de 2025, advirtió que el principal riesgo fiscal del proyecto residía en la incertidumbre sobre las fuentes de financiación previstas. En esa oportunidad, señaló que el Gobierno volvió a planear el presupuesto con base en una reforma tributaria que no se materializó. 

Asimismo, llamó la atención sobre el crecimiento sostenido de los gastos de funcionamiento por encima del crecimiento esperado de la economía e instó a adoptar medidas más efectivas de racionalización y eficiencia del gasto público.

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Uno de los aspectos que genera mayor preocupación del proyecto de presupuesto es que el gasto proyectado aumenta principalmente por el servicio de la deuda, mientras que los recursos destinados a la inversión y el funcionamiento permanecen prácticamente estancados. Esta composición incrementa la presión sobre las finanzas públicas y reduce el margen para impulsar el desarrollo.

De igual forma los ingresos estimados disminuyen frente a la vigencia anterior y cae la participación de los ingresos corrientes, lo que aumenta la dependencia de otras fuentes de financiación y exige mayor prudencia fiscal, sostenibilidad de las finanzas públicas y la suficiencia de los ingresos que respaldan el gasto proyectado.

Entidades con mayor presupuesto asignado

Las mayores apropiaciones se concentran en los ministerios de Educación ($79,03 billones), Salud y Protección Social ($77,20 billones) y Trabajo ($52,31 billones). 

Frente a 2026, Defensa registra la mayor variación entre las entidades de mayor tamaño, con un incremento del 16,8%, mientras que Hacienda y Crédito Público disminuye 3,6% y la Rama Judicial se reduce 0,6%.

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Entidades con mayores disminuciones 

Entre las entidades que presentan las mayores reducciones presupuestales en el proyecto se destacan el Fondo Adaptación, con una disminución del 89,1%, al pasar de $548.673 millones en 2026 a $60.030 millones en 2027; la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con una reducción del 88,5%, de $7,05 billones a $812.544 millones; el Ministerio de Igualdad y Equidad en liquidación, cuyo presupuesto disminuye 62,4%; el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), que reduce su asignación en 58,8%; y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cuyo presupuesto disminuye 50,6% frente al de 2026.

SGR enfrenta reducción significativa

A este panorama, se suma la situación del Sistema General de Regalías (SGR), cuya sostenibilidad financiera enfrenta riesgos debido a un recaudo por debajo de lo previsto, el bloqueo de apropiaciones y la disminución en la capacidad de inversión en los territorios, comprometiendo proyectos, obras y servicios.

Dado que los ingresos del SGR dependen principalmente de la explotación de hidrocarburos y minerales, la disminución de estos recursos impacta a 1.030 municipios, los 32 departamentos y a entidades de orden nacional que, en este segundo semestre, dejarán de recibir estos recursos destinados a la ejecución de proyectos, lo que genera insuficiencia de caja en múltiples entidades territoriales y pone en riesgo obras, pagos a contratistas y servicios esperados por las comunidades.

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Esta situación también genera un riesgo institucional para la Contraloría General de la República, en la medida en que la financiación de la planta de personal especializada en la vigilancia y control de los recursos del SGR depende de estos mismos recursos. Una reducción de dicha fuente de financiación limitaría la capacidad operativa de este organismo de control para ejercer la vigilancia oportuna y efectiva sobre la gestión de estos fondos públicos.

Entre el 1 de septiembre de 2022 y el 1 de junio de 2026, la Contraloría ha desplegado una intensa actividad de control fiscal sobre los recursos de regalías, logrando la apertura de 706 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía superior a $2,014 billones, así como 677 indagaciones preliminares destinadas a esclarecer posibles afectaciones al patrimonio público. 

Igualmente, ha proferido 881 decisiones de fondo, reflejando el avance efectivo de las actuaciones fiscales. De estas decisiones, 293 corresponden a imputaciones de responsabilidad fiscal y 154 a fallos con responsabilidad fiscal por más de $273.838 millones. 

Esta gestión, además, ha permitido recuperar $85.000 millones en recursos de regalías y más de $5.000 millones en resarcimientos, resultados que evidencian el fortalecimiento de la capacidad institucional para investigar, determinar responsabilidades y proteger los recursos públicos.

La Contraloría ha auditado 2.028 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías y 4.791 solicitudes ciudadanas configurándose con ello 1.549 hallazgos fiscales por más de $4,4 billones. Además, se trasladaron a la Procuraduría General 2.140 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y 423 a la Fiscalía General de la Nación.

Para la entidad, la discusión y aprobación del PGN 2027 debe marcar un punto de inflexión para la política fiscal del país. Señaló que Colombia necesita un presupuesto íntegramente financiado, transparente, sostenible y orientado a resultados. 

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