Desde que el gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que los servicios públicos en el país se enfrentarían a una reforma al igual que otros sectores, son varias las preocupaciones respecto a los cambios que podría implicar para los colombianos.

Hace unos días, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho indicó que han alcanzado acuerdos con las empresas para continuar trabajando en la propuesta y llevarla al Congreso de la República.

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Camacho afirmó que la reforma a los servicios públicos será presentada el próximo 20 de julio y además reveló lo que se viene para servicios como la energía eléctrica, agua y gas.

“Hemos hecho asambleas con usuarios con el fin de revisar las propuestas para modernizar la ley de servicios públicos”, sostuvo.

Además, agregó en conversación con el El Tiempo que la reforma evitaría que los asuntos tarifarios lleven a una crisis que ponga en jaque los servicios de los ciudadanos, buscando un proyecto de ley “con el mayor consenso posible”.

Sector eléctrico

Uno de los temas que más preocupaciones ha desatado es el de las empresas del sector eléctrico, por lo que el ministro aseguró que dichas organizaciones han sido conocedoras de las líneas generales del proyecto.

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También se han planteado reuniones con los usuarios y las empresas para que esta población pueda estar al tanto de la reforma, exponer sus dudas y aportes.

¿Qué busca la reforma?

Aunque se ha destacado que la reforma estaría enfocada en el tema tarifario, también implicaría una “modernización” del sistema.

Actualmente en el país la regulación de los servicios permite que haya una participación entre las empresas públicas, privadas y mixtas, sin embargo, con la reforma, el presidente de la República tendría mayor participación, lo que provocaría que las obligaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas sean ajustadas.

Hace unas semanas, en diálogo con La Opinión,  el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez indicó que la regulación de los servicios debe estar alejada de los vaivenes políticos, por lo que considera que no es conveniente que sean regulados directamente por el presidente de la República.

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