El controvertido proyecto de Ordenanza 025, presentado por el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, ante la Asamblea para imponer una tasa especial que financiaría el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad (Fonset), fue retirado ayer, tras las críticas que generó su propuesta.

Cerca de las 4:00 de la tarde, el órgano legislativo recibió una carta firmada por la gobernadora encargada, Clara Marcela Angulo, solicitando el retiro del proyecto “para atender observaciones y recomendaciones de la ciudadanía y aclarar mejor su alcance”. El documento no descarta la propuesta, sino que anticipa ajustes.

El documento retirado planteaba la creación de un tributo que tendría vigencia a partir del 1 de enero de 2025 y se haría efectivo en la factura de energía. No se les cobraría a los usuarios de estratos 1, 2 y 3. 

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Pagarían solo los estratos 4, 5 y 6 y los oficiales, que son hospitales, instituciones públicas, entre otros (tarifa de 3%); así como los industriales, comerciales y provisionales (tarifa de 6%) de las áreas rural y urbana. Aquellos que usan paneles solares pagarían la tasa en Unidad de Valor Real (UVR), de acuerdo con su capacidad de generación. 

Si un consumidor de estrato 4, que normalmente paga $200.000 mensuales por el servicio de luz, se le añadirían $6.000 adicionales. Con esta tasa, se proyecta un recaudo anual de $4.800 millones, aproximadamente.

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¿Qué pasa con el Fonset?

El secretario de Seguridad Ciudadana, George Quintero, explicó a La Opinión que el Fonset recibe el 5% del presupuesto de los contratos para proyectos en las vías de Norte de Santander, pero estas obras se han reducido en los últimos años por la situación de orden público, por ende, se ha desfinanciado el fondo.

“Con el Fonset se cubren las necesidades de la Fuerza Pública, como combustibles, dotación de vehículos, algunas partidas de alimentación del personal; también compra de drones, cámaras de vigilancia y el pago de recompensas, entre otros”, detalló.

Quintero precisó que en 2024 solo se ha recaudado $6.466 millones, por lo que los recursos son insuficientes para cubrir las necesidades en materia de seguridad, como crear el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), modelo que ya tienen Bogotá, Antioquia, por ejemplo, y países como Estados Unidos y México.

El SIES, que necesita una inversión de $270.000 millones, no solo interconectará a todos los organismos de seguridad y socorro, sino que contará con infraestructura y tecnología de punta, en lo que se refiere al software, drones, cámaras, alumbrado en zonas inseguras, dotación de los uniformados y la prevención de delitos y emergencias.

“Constitucionalmente se puede crear esta tasa y ya la están implementando otros departamentos. Esto no salió de la noche a la mañana. Hicimos un estudio de facturación y de los 546.547 usuarios de la energía eléctrica, solo vamos a afectar el 17% de ellos (92.906), algo mínimo”, señaló el secretario, reconociendo que los sectores empresariales pueden sentir algún efecto negativo en sus costos operativos.

Quintero subrayó que en el país, algunas regiones ya tienen este tipo de tributos, como Magdalena, Atlántico, Valle del Cauca y Bolívar.

Impacto en la economía

“Si esta iniciativa se materializa, inevitablemente tendrá efectos sobre los ciudadanos y las empresas del territorio, lo que podría generar incentivos negativos debido a la carga económica adicional. No obstante, también podrían surgir incentivos positivos, si los beneficios de la tasa se materializan de manera clara”, consideró el economista Mario de Jesús Zambrano.

El también docente de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) manifestó que la seguridad y la convivencia ciudadana son bienes públicos y deben cumplir dos características: que el consumo de estos no reduzca la posibilidad de que otros también los disfruten y que no se excluya a nadie de su disfrute, incluso si no contribuye directamente a su financiarlos.

“Estas características dificultan la individualización del beneficio, que es la contraparte lógica del pago, y complican la medición de la efectividad del servicio que se busca prestar mediante esta tasa”, afirmó el economista.

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El investigador aseguró que en la propuesta se señala que esa tasa se torna exigible cuando el contribuyente adquiere el bien o servicio, lo cual sugiere que debe ser divisible para justificar su cobro. Sin embargo, la naturaleza de la seguridad no facilita la aplicación de esta lógica, pues, los beneficios son colectivos y no individualizables.

Zambrano recalcó que esto plantea dudas sobre cómo se garantizará que los recursos recaudados se utilicen de manera efectiva.

Más cobros en la luz

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, resaltó que respeta las decisiones del gobernador. No obstante, dijo que Cúcuta se vería muy afectado por el impuesto, recalcó que él prefiere primero acudir ante el Gobierno Nacional, para gestionar recursos y acudir a créditos, antes de considerar implementar una tasa para la seguridad “que afecta los bolsillos de los cucuteños”.

El exconcejal Jaime Marthey recordó que en la administración de César Rojas recibieron un proyecto legislativo similar al plateado por la Gobernación, que también. Afortunadamente, no lo aprobaron.

“Actualmente, en el recibo de la luz, les cobran a los usuarios la energía que consumen, el alumbrado público y el aseo urbano. Entonces sería una cuarta imposición, haciéndolo mucho más costoso, lo cual agravaría la situación social que venimos atravesando”, sostuvo.

Marthey resaltó que es el Gobierno Nacional el que apalanca todas las inversiones en materia de seguridad y, para ello, se deben presentar proyectos debidamente viabilizados, a lo cual invitó a William Villamizar, para no crear más impuestos.

El dirigente político manifestó que, aunque sea legal su formulación, no es una ordenanza conveniente.

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