La Unidad Nacional de Protección tiene mucho que explicar y aclarar sobre las formas y procesos para medir los niveles de riesgo y la posterior asignación de los esquemas de seguridad para los amenazados.

De nuevo saltan los cuestionamientos sobre la forma de proceder de esa entidad para garantizar la vida y seguridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, políticos y otros que sean puestos en la mira de los violentos.

Un cambio de verdad es el que sí debe operar en esa entidad, dándoles una altísima prioridad, por ejemplo, a casos de Norte de Santander, Arauca, Chocó y Cauca, por ser departamentos altamente impactados por el conflicto armado y otras formas de inseguridad.

Y algo debe de estar funcionando muy mal, cuando el mismo presidente del sindicato de la UNP, Giovanni Gallo, denuncia que “hay muchos casos en los que los analistas están sobrecargados de trabajo, no tienen la preparación adecuada y, como resultado, los estudios que elaboran no cumplen con los estándares de calidad necesarios”.

A eso hay que ponerle atención y proceder a modificar las formas de evaluar, que sean más centradas en la realidad violenta del territorio, y elevar los perfiles profesionales de quienes están a cargo de esa valoración.

Aquí debemos insistir que muchas entidades nacionales están absolutamente desconectadas de las regiones y, en situaciones como las que maneja la UNP, la ciudadanía esperaría que haya una más alta calidad en los análisis de riesgos de seguridad.

Pero, además, esas debilidades en los procesos también permiten que las ‘palancas políticas’ terminen haciendo de las suyas y, por eso, muchas camionetas blindadas y escoltas se asignan  sin una verdadera valoración de la necesidad.

Y lo peor es que el silencio ensordecedor es la única respuesta a inquietudes como estas que requieren ser discutidas para llegar a mejorar los procedimientos.

Las respuestas y las decisiones son necesarias, puesto que en lo relacionado con Norte de Santander hay advertencias de que muchos de los analistas vienen de Bogotá, desconocen la complejidad de la  dinámica local y solo se informan por fuentes documentales o hechos noticiosos.

Por fortuna, la Corte Constitucional, en una decisión de la sala séptima de revisión, le ordenó a la Unidad Nacional de Protección definir claros y precisos métodos para la concesión, modificación, ampliación, reducción o finalización de los esquemas de protección, de acuerdo con el porcentaje ponderado del nivel de riesgo y la calificación por variable en cada caso concreto.

O sea que sí tienen toda la razón los denunciantes, de que hay fallas protuberantes que son urgente subsanar y, lo que es mejor,  el máximo tribunal le notifica a la UNP que los procesos de protección tienen que ser justos, transparentes y fundamentados en criterios claros.

Es decir, la UNP tiene que contar ahora sí con verdaderos especialistas en hacer esos perfiles, ser conocedores de las situaciones extremas que se padecen en Cúcuta y el Catatumbo -por dar un ejemplo- y tiene que acabar los favorecimientos y las jugadas políticas en la adopción de los mismos, como ha venido ocurriendo.

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