En un enérgico pronunciamiento, el personero del municipio de Ocaña, abogado Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, cuestionó el lento avance de las inversiones en la zona del Catatumbo por parte del presidente de la República. Según el funcionario, la situación en la región sigue siendo crítica, con una “tensa calma” y un panorama complejo, pese a los intentos del Estado por restablecer el orden público y garantizar el retorno seguro de las comunidades desplazadas.

Bohórquez advirtió que los hechos victimizantes en la subregión, como amenazas, desplazamientos forzados, retenciones y secuestros, siguen siendo una preocupación diaria para los habitantes. “Aún persisten situaciones de hostilidad y riesgo, lo que impide a muchas familias regresar a sus parcelas con garantías de seguridad”, afirmó el funcionario.

Menos discursos, más recursos

Los personeros de la zona han criticado su exclusión de los procesos de concertación con los grupos armados y han coincidido con el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) en la necesidad de una transformación estructural con mayor inversión y políticas de Estado enfocadas en la reactivación del sector agropecuario.

“No podemos seguir con promesas y discursos vacíos. La gente quiere ver ejecución de obras, presencia real del Estado, como ha ocurrido en otras regiones”, enfatizó Bohórquez. Además, denunció que los recursos destinados a la región deben ejecutarse de manera directa y sin intermediarios corruptos. Como solución, propuso que las inversiones sean canalizadas a través del Batallón de Ingenieros del Ejército Nacional para evitar el desvío de los fondos.

Plazos apremiantes y falta de voluntad política

Los personeros advierten que el tiempo es el peor enemigo de la región, pues a más de un mes de la declaratoria de Conmoción Interior, los resultados siguen sin verse. “Los enfrentamientos continúan, el desplazamiento persiste y Ocaña se ha convertido en el termómetro de la crisis”, subrayó Bohórquez, señalando que en el presente mes se han registrado más de 500 declaraciones individuales de víctimas, lo que eleva la cifra a unas 1.300 personas atendidas en la dependencia.

Según cifras del Ministerio Público, alrededor de 12.500 personas han sido desplazadas por la violencia y se encuentran refugiadas en albergues, con familiares o han migrado hacia otras ciudades en busca de seguridad.

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Además, los personeros cuestionaron la demora en la firma del Pacto Social para la Transformación del Catatumbo, un documento que estaba listo desde el año pasado. “No se entiende por qué el Gobierno solo reacciona cuando el conflicto explota. A pesar de promulgar el cambio, las prácticas siguen siendo las mismas de administraciones anteriores”, afirmó Bohórquez.

El reclamo por los recursos asignados

Uno de los mayores interrogantes planteados por los líderes de la región es el destino de los 304 mil millones de pesos asignados para la Transversal del Catatumbo. Según denuncian, algunas obras han sido suspendidas por falta de garantías para los contratistas.

“La única salida es el respaldo social a las inversiones para reconstruir el tejido social deteriorado por décadas de guerra”, concluyó el personero de Ocaña, quien también lamentó que los personeros, a pesar de su papel en la defensa de los derechos humanos, sigan siendo ignorados por el Gobierno en la toma de decisiones y la implementación de estrategias para la región.

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