En un encuentro desarrollado en La Playa de Belén el Ministerio Público revisó las alertas tempranas en los municipios de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo.

La Regional de la Defensoría del Pueblo, la asociación de personeros del Catatumbo y la Procuraduría provincial analizaron los mecanismos para la verificación de los derechos humanos en esta zona del país.
 
Las condiciones han cambiado y en el marco de los diálogos con los grupos al margen de la ley se procede a replantear esas estrategias, indicó el personero de Ocaña, abogado Jorge Armando Bohórquez Lanzziano.

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“En el marco y el entendido que existe un cese al fuego bilateral, las confrontaciones con la fuerza pública han disminuido, pero se siguen presentando hechos de violencia, vulneración de los derechos humanos como el desplazamiento forzado, la amenazas a líderes sociales, a defensores de derechos humanos, alcaldes y personeros de la subregión”, anotó el profesional del derecho.
 

El mapa de riesgo

En las mesas de trabajo se analizó el mapa de riesgo y la verificación de las alertas tempranas para hacer un seguimiento en el orden municipal, departamental y nacional.
 
Se caracterizaron los casos incorporados en el sistema de prevención para evitar la violación de los derechos humanos. 
 
“Hemos pedido que se actualicen esas alertas tempranas y se exija a los gobiernos municipales, departamentales y nacionales mecanismos propios de protección de derechos humanos en los territorios”, afirma el presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo, Jorge Armando Bohórquez.

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Han sido insistentes en la adopción de mecanismos de verificación. “Somos los únicos entes territoriales creados para la protección de los derechos humanos que está en los mil 103 municipios que conforma el territorio colombiano y más en las zonas de alta influencia de grupos armados como el Catatumbo”, agregó.

“Hemos sido insistentes que nosotros debemos ser verificadores para que realmente se cumpla lo pactado, así poder avanzar en una situación propia de protección de derechos humanos y también el llamado al gobierno que se tenga en cuenta, los espacios donde se presentan más situaciones de riesgo con los diferentes actores armados”, recalca.

Papel protagónico 

Muchos factores inciden en la alteración del orden público en los municipios que integran la provincia de Ocaña y el eje del Catatumbo.
 
Los personeros solicitan mantener el cese al fuego y reforzar los mecanismos con el Estado mayor central de las FARC; hacen énfasis también para que pronto se siente el Gobierno nacional con el ELN y obviamente se llegue a los entendimientos.
 
“Se deben precisar lineamientos claros en las mesas de diálogo con los voceros guerrilleros, realizar todo lo humanamente posible para que esa etapa de negociación llegue a esa instancia y generar la tranquilidad en la zona del Catatumbo”, recalcan.

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Debido a las posturas, han recibido amenazas y las denuncias cursan en la Fiscalía General de la Nación. Hemos abanderado situaciones propias, tenido mucha visibilidad en los temas de conflictos, hemos resaltado que la personería de Ocaña lidere esas situaciones propias y recibido intimidaciones a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto e incluso retenidos por grupos armados”, puntualizó.
  
Confiesa que el momento más apremiante lo vivió el año pasado en la vía que comunica a Ocaña Cúcuta donde un grupo armado lo bajan del vehículo y al esquema de seguridad, lo que presenta una situación de riesgos.

“Contamos con esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, nuestra injerencia siempre será en la defensa y protección de los derechos humanos. Hacemos el llamado a todos los actores armados a que respeten la labor del personero, pues estamos en defensa de la población civil y obviamente en el marco de la protección de los derechos humanos.

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