Los procesos jurídicos ya ejecutoriados por el monto de dos mil millones de pesos tienen en jaque a la actual administración por lo que expertos en finanzas buscan alternativas para superar la profunda crisis económica.
La secretaria de Hacienda, Yakaira María Galvis Torre, manifestó que en estos momentos el municipio es inviable y urge el sometimiento a la Ley 550 de intervención económica.
En el análisis explicó que es un paso obligado y trascendental con lo que se busca la reestructuración de pasivos para dar prioridad a las obligaciones laborales con empleados y pensionados, entidades públicas y financieras.
En la actualidad las cuentas están embargadas y sobreviven de la buena respuesta del pago de impuestos de predial unificado, industria y comercio, que supera los 7 mil 500 millones de pesos durante los 5 meses del año transcurridos.
“Es la única tabla de salvación, no existe otra alternativa que la reestructuración de pasivos para conjurar la aguda crisis económica”, precisó la funcionaria.
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En proyecto cursa en el Concejo municipal donde se analizan las variables para ordenar las finanzas y llegar a los acuerdos de pago. Aparte de crear un fondo de contingencia para provisionar un recurso para cubrir las demandas, indicó la presidente de la corporación, Yurima Isabel Sánchez Rincón.
El dolor de cabeza
Las cifras que trasnochan al alcalde, Emiro Cañizares Plata, son exorbitantes y el cuatrienio de austeridad en el gasto es corto para cumplir con las obligaciones.
A partir de la consolidación de los datos de la situación de financiera y después de muchas consultas de experiencias exitosas en Colombia de municipios que se han acogido a estos mecanismos hemos decidido presentar el proyecto de acuerdo.
Sobre ese tema hay muchas especulaciones, una, que el municipio pierde la autonomía y que ahora el ministerio de Hacienda va a gobernar, no es cierto. Ellos designan a un promotor y básicamente está definido que el municipio podrá continuar con las inversiones, accediendo a créditos y en ese sentido es dar un orden.
Fallos ya ejecutoriados en una cifra superior a los 19 mil millones de pesos. También tenemos dos créditos donde se esperan lograr mejores tasas y acuerdos para ampliar los tiempos.
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Las pretensiones judiciales que están en camino en las cuales no hay fallos y la administración se concentre en movilizar recursos a través de la gestión. De manera paralela vayamos trabajando en la actualización de catastro para el desarrollo urbano y mejores capacidades en eficiencia fiscal y podamos invertir recursos.
El mundo no se acaba
El mandatario local exploró otras iniciativas sino prospera el proyecto de acuerdo para la reestructuración de pasivos.
“No es una tarea fácil, el mundo no se acaba ahí, pero si debemos tomar medidas certeras para superar el hueco fiscal”, reiteró.
A futuro el municipio para pagar a tiempo, previendo la debacle es una decisión más importante en los últimos 20 años, no la aplacemos más y entreguemos mayor seguridad financiera.
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El ministerio asigna un promotor que acompaña a la administración local durante un promedio de 8 meses para lograr la redistribución de los ingresos y ayuda a entablar los acuerdos con los acreedores.
Cifras que desvelan
La secretaria de Hacienda de Ocaña, Yakaira Galvis, expuso la urgencia de adoptar medidas tendientes a conjurar la emergencia económica.
Explicó que hay una deuda con la Dirección de Impuestos y Aduana nacionales, DIAN, por retención en la fuente durante los meses de junio – julio del año pasado por un valor de $141,767,000 más una sanción $141,767,000, lo que suma $ 283,534,000 pesos.
También pesan sobre el municipio el crédito de los famosos bonos Carrasquilla para el mantenimiento de acueductos desembolsado en diciembre de 2008 y refinanciado en el 2010 por un monto de $7. 289. 774.861 de pesos y aún se debe $ 5,757.142.857 de pesos.
Asimismo, el crédito para mejoramiento de la malla vial desde el 27 de septiembre de 2023 por $8,501,678,639, y se debe en su totalidad el 70% por pignoración de la sobretasa a la gasolina y el 30% de libre inversión del Sistema General de Participaciones.
Aparece, además, la sanción por error en la liquidación del aporte, cuarta notificación recibida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, por $77.380.702 de pesos. Inconsistencia en transferencia del recurso desde 2009 al 2017 al ministerio de Transporte elevándose $1.106.599.938 de pesos.
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También intereses generados por presentación y pago fuera de los plazos establecidos a la estampilla Erasmo Meoz, requerimiento especial secretaría de Hacienda departamental por $35.713.555.
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