La guerra en el Catatumbo está comprometiendo servicios esenciales como la educación y la salud, mientras los enfrentamientos armados se extienden hasta las zonas urbanas y obligan a docentes, líderes sociales y familias a abandonar sus lugares de residencia. Así lo expusieron los alcaldes de El Carmen, Tibú y El Tarra durante el Encuentro de Alcaldes del Catatumbo, convocado por el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Norte de Santander.
Las intervenciones dejaron sobre la mesa una serie de exigencias al Gobierno nacional: garantías para que los estudiantes puedan regresar a las aulas, desminado humanitario, protección para los profesores, atención a la población civil y recuperación de la conectividad aérea de Tibú.
Las dimensiones de la violencia fueron expuestas por el presidente del Consejo Departamental de Paz, Enrique Pertuz. Según las cifras presentadas, entre 2021 y 2025 Norte de Santander registró 4.340 homicidios, de los cuales 1.096 ocurrieron en el Catatumbo, equivalentes al 25,5 % del total departamental. El balance no incluye los asesinatos ocurridos durante 2026.
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A este panorama se suma el registro de víctimas del conflicto armado. Con corte al primero de febrero de 2026, el departamento contabilizaba 476.614 víctimas por hechos ocurridos en su territorio. De ellas, 112.140 correspondían a los 11 municipios del Catatumbo, es decir, el 23,6 %.
Pertuz sostuvo que las decisiones sobre el futuro de la subregión no pueden tomarse exclusivamente desde los despachos oficiales. Planteó que las organizaciones campesinas, juntas de acción comunal, jóvenes, víctimas y autoridades indígenas deben participar en la definición de los proyectos y prioridades.
También propuso construir una agenda común entre los municipios, con proyectos estratégicos, responsables definidos, fuentes de financiación y mecanismos públicos de seguimiento. El propósito, dijo, es pasar de los compromisos institucionales a resultados verificables en las comunidades.
Docentes amenazados
y escuelas sin garantías
Una de las denuncias más preocupantes fue presentada por el alcalde de El Carmen, José Reinel Contreras Yaruro, quien advirtió sobre las amenazas contra directivos y profesores, especialmente en las instituciones educativas rurales.
El mandatario reveló que varios docentes han tenido que trasladarse a otros municipios y ciudades porque no encuentran condiciones de seguridad para ejercer su trabajo, incluso en sus lugares de origen.
La situación afecta directamente a los estudiantes, muchos de ellos residentes en zonas rurales donde las dificultades de conectividad y acceso a internet impiden pensar en la educación virtual como una alternativa efectiva.
Contreras también manifestó su preocupación por el uso de drones en los enfrentamientos armados, una situación que, según advirtió, amenaza la convivencia y dificulta incluso la atención presencial en las dependencias de la administración municipal.
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Su llamado fue a promover acuerdos que permitan reducir las hostilidades y proteger especialmente a la población estudiantil y al personal educativo.
Tibú reclama desminado
y reactivación del
aeropuerto
El alcalde de Tibú, Richard Claro, señaló que su municipio concentra algunas de las mayores afectaciones del orden público en el Catatumbo y cuestionó que la confrontación armada se prolongue sin que existan garantías para las comunidades.
Entre los problemas expuestos mencionó la presencia de minas antipersona en los alrededores de establecimientos educativos, que impide desarrollar clases presenciales en algunas instituciones.
Por eso reclamó garantías para adelantar un proceso de desminado humanitario y evitar que los civiles, especialmente los niños y jóvenes, sigan expuestos a estos artefactos.
Claro también denunció la retención y revisión de ambulancias, una situación que pone en riesgo la prestación de los servicios de salud y el traslado de pacientes.
Al Gobierno nacional y a la Aeronáutica Civil les pidió reactivar el aeropuerto de Tibú para recuperar el transporte aéreo hacia otros destinos del país. La solicitud busca mejorar la conexión del municipio, especialmente en medio de las dificultades de movilidad que impone la situación de seguridad.
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El Tarra reporta daños en viviendas por ataques con drones
El alcalde de El Tarra, Eider Robles, describió una situación de seguridad que ya alcanza el casco urbano del municipio.
Según su denuncia, los enfrentamientos con drones han causado daños materiales en más de un centenar de viviendas rurales y urbanas y han obligado a líderes comunitarios a desplazarse hacia otras ciudades por temor a sufrir ataques.
La educación también está comprometida por la presencia de minas antipersona en los alrededores de los planteles y las amenazas que enfrentan los profesores. A esto se agregan dificultades en la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y en el transporte de estudiantes de las zonas afectadas.
Las denuncias evidencian que las consecuencias de la confrontación no se limitan a los combates: también afectan la permanencia de los niños en las escuelas, la atención médica y la posibilidad de que las comunidades desarrollen sus actividades cotidianas.
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