Una conexión fraudulenta instalada en una nueva red de acueducto del barrio Montevideo, en Villa del Rosario, fue desmontada por la empresa Aqualia durante las pruebas de presión, lavado y desinfección de la infraestructura. La conexión abastecía a unas 40 familias que, según sus voceros, recurrieron a esta alternativa porque no cuentan con el servicio formal de agua potable.
El hallazgo se produjo cuando la compañía adelantaba los trabajos finales de una obra destinada a ampliar la cobertura del suministro para cerca de 130 familias del sector. La intervención, cuya inversión fue estimada por la empresa en alrededor de $350 millones, busca dejar en funcionamiento una red nueva, pero la conexión irregular fue detectada antes de su entrada en operación.
La situación expone el conflicto entre la necesidad de acceso al agua de hogares que aseguran no tener una conexión domiciliaria y los riesgos técnicos y legales que implica intervenir sin autorización la infraestructura del acueducto.
En el sector viven alrededor de 40 familias, entre ellas niños y adultos mayores, cuyos representantes manifestaron a La Opinión que acudieron a la conexión irregular porque no disponen del servicio y, según afirmaron, la Alcaldía tampoco les ha resuelto la instalación de una conexión formal.
Una red nueva, intervenida antes de entrar en servicio
Ladys Quintero, jefe de Servicios de Aqualia-Villa del Rosario, explicó que la empresa identificó la conexión durante las pruebas técnicas de la nueva infraestructura.
“Estamos en las etapas finales de las pruebas de lavado y desinfección de la red. Es una red nueva, sin estrenar, y ya tenía una conexión irregular”, señaló la funcionaria.
Según Quintero, estas intervenciones pueden ocasionar fugas, desperdicio de agua y riesgos de contaminación, además de alterar las condiciones hidráulicas para las que fue diseñada la red. Esto podría reducir la capacidad de suministro prevista para las familias que deben recibir el servicio mediante la obra.
La empresa procedió a desmontar la conexión y anunció que pondrá el caso en conocimiento de las autoridades competentes. Durante el procedimiento contó con el acompañamiento de la Policía.
Quintero indicó que el hallazgo se produjo porque, además de observar movimientos de tierra en el área intervenida, las pruebas de presión no arrojaban los resultados esperados. Estas señales llevaron a los operarios a revisar la red y localizar la conexión no autorizada.
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2.500 conexiones irregulares en el municipio
El caso de Montevideo no sería aislado. De acuerdo con las estimaciones de Aqualia, en Villa del Rosario se han identificado aproximadamente 2.500 conexiones irregulares, concentradas principalmente en sectores altos, zonas de ladera y asentamientos informales.
La dimensión del problema se refleja en los volúmenes de agua reportados por la compañía. Según Quintero, Aqualia distribuye mensualmente unos 360.000 metros cúbicos para atender a la población, mientras que las conexiones irregulares representarían otros 150.000 metros cúbicos que se pierden por fugas y no quedan contabilizados.
Estas cifras equivalen a cerca del 42 % del volumen mensual que la empresa reporta como distribuido. El dato evidencia la presión que las conexiones no autorizadas pueden ejercer sobre el sistema, aunque la cantidad de agua involucrada también depende de las condiciones de cada instalación.
La funcionaria advirtió que las conexiones hechas sin criterios técnicos pueden afectar la continuidad y la presión del servicio, especialmente cuando se intervienen redes principales de las que depende el abastecimiento de varios sectores.
Asimismo, manifestó que trabaja con la Administración municipal para buscar mecanismos alternativos de distribución en las zonas donde la población todavía no tiene acceso al acueducto. Sin embargo, la empresa insistió en que la solución no puede consistir en intervenir las redes por cuenta propia.
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Un problema de acceso al agua
Los voceros de las familias que utilizan la conexión en Montevideo sostienen que su decisión responde a la falta de una alternativa formal. Aseguran que en el sector hay hogares con niños y adultos mayores que necesitan agua para cocinar, asearse y atender sus necesidades básicas, pero que no han conseguido que les instalen el servicio.
Su reclamo pone sobre la mesa la necesidad de establecer cuántas familias carecen de una conexión legal, cuáles son las razones técnicas o administrativas que impiden su instalación y qué alternativas pueden ofrecerse mientras se resuelve su situación.
Aqualia manifestó que trabaja con la Administración municipal para buscar mecanismos alternativos de distribución en las zonas donde la población todavía no tiene acceso al acueducto. Sin embargo, la empresa insistió en que la solución no puede consistir en intervenir las redes por cuenta propia.
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¿Qué dice la ley?
La conexión fraudulenta de agua puede constituir el delito de defraudación de fluidos, contemplado en el artículo 256 del Código Penal colombiano, que sanciona a quien, mediante mecanismos clandestinos o alterando los sistemas de control o medición, se apropie de energía eléctrica, agua u otro fluido ajeno.
La aplicación de esta norma depende de las circunstancias concretas del caso y de la valoración de las autoridades judiciales. Por ello, el hallazgo de una conexión irregular no equivale, por sí solo, a una condena penal.
Aqualia anunció que acudirá a las instancias correspondientes para que se determinen las responsabilidades. Quintero también hizo un llamado a los habitantes para que soliciten el servicio por los canales establecidos y protejan la infraestructura construida para abastecer a la comunidad.
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