Dice el adagio popular que ‘Lo que mal comienza, mal termina’. Y eso precisamente fue lo que sucedió con el proyecto de acuerdo que luego se convirtió en Acuerdo 006 del 8 de junio de 2022, con el que la administración del alcalde de la época, Carlos Socha solicitó autorización al Concejo de Villa del Rosario para proceder con un empréstito ante el Banco de Colombia por 15.000 millones de pesos.

Ese endeudamiento, sin precedentes en la historia administrativa del municipio histórico, fue proyectado por Socha a 10 años y dejó afectadas con la deuda las finanzas de las siguientes tres administraciones. 

Lo inexplicable del asunto es que ni el secretario jurídico de Socha, el abogado Vladimir Lindarte, quien fungió como alcalde encargado para la presentación del proyecto de acuerdo del empréstito, ni tampoco los 15 concejales  de la época, entre esos Juan Camilo Súarez, alcalde actual del municipio, “se percataron que para un endeudamiento de esta naturaleza, en un municipio tan pequeño como Villa del Rosario, se necesitaba aportar al proyecto de acuerdo una serie de requisitos de estricto cumplimiento que, al parecer, no se anexaron” según el ciudadano que presentó la queja ante la Procuraduría General de la Nación por estos hechos.

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En atención de la mencionada queja, el órgano de control le acaba de abrir investigación disciplinaria por la presunta omisión de la observación de los requisitos establecidos en el decreto 267 de 2012 (endeudamiento del municipio) a los concejales Álvaro Alberto Ávila, Diego Cárdenas Sánchez, Henry  Giovani Veláquez, Jackson Arley González, Jairo Alonso Gómez, José A. Forero, José Salustiano Largo, Juan Camilo Suárez, Juan Guillermo Acevedo, Luis Alfonso Blanco, Luis Arturo Díaz, Maribel García Quiroga, Nubia Gabriela González, Yeison Fabián Angarita y Yovany Montoya.

Al estudiar con detenimiento la queja de este ciudadano, la Procuraduría encontró méritos para proceder con la apertura de la investigación disciplinaria, tal como lo acaba de notificar a los implicados.

Para el denunciante, dicha investigación debe cobijar al alcalde Carlos Socha, por ser quien sancionó el acuerdo, y a sus secretarios jurídico y de Hacienda (Vladimir Lindarte y Fenny Hernández), respectivamente.

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“A lindarte, porque él como jurídico y abogado debió prever el cumplimiento de la ley, esto es, que se reunieran los requisitos de ley, además porque fue quien presentó el proyecto de acuerdo al Concejo, pero también a Hernández, porque fue ella quien justifico la capacidad de endeudamiento del municipio”, añadió el autor de la queja ante el órgano de control.

El ciudadano dijo que estos funcionarios al igual que los concejales “actuaron  con los ojos cerrados, en especial estos últimos, que fueron los encargados de aprobar sin haber estudiado con detenimiento el proyecto de acuerdo ni verificado la existencia de los soportes de ley para un endeudamiento tan alto como el que finalmente votaron positivo”.

En el caso de la secretaría de Hacienda Fanny Hernández, “causa asombro que el mismo día que tomó posesión, sin conocer en profundidad la realidad financiera del municipio, procedió a expedir esa certificación. Dónde está el marco fiscal de mediano plazo que exige la ley para un empréstito de esta naturaleza”, se preguntó se preguntó el denunciante, al asegurar que quienes aprobaron el citado proyecto de acuerdo habrían incurrido en prevaricato por acción y omisión.

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Tampoco se habría incluido el acta del consejo de gobierno que debió adelantar Socha y su gabinete previo a la presentación del proyecto de acuerdo del empréstito al Concejo, en la que estén incluidos los proyectos de interés estratégicos que especifiquen lo que se iba a hacer con la plata del préstamo. “Esa acta no existe”, se asegura en la queja ante la Procuraduría.

Frente a estos señalamientos ante el órgano de control deberán sustentar su actuar los concejales y funcionarios de la administración de Carlos Socha vinculados a la investigación disciplinaria.

La Opinión llamó al alcalde Carlos Socha y al actual mandatario Juan Camilo Suárez para conocer una opinión sobre la apertura de la investigación disciplinaria, pero ambos guardaron silencio.

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