El plan de gobierno de Abelardo de la Espriella: ‘Colombia, Patria Milagro’, dentro del componente de seguridad deja en claro la meta estratégica para la erradicación de cultivos ilícitos: “fumigación aérea de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos”. Y además, establece dentro de las metas de impacto de transformación una reducción del 50% de la violencia postfumigación.

Han transcurrido los primeros 100 días desde su posesión, el 7 de agosto, pero al asumir las riendas del país ¿cuál fue el escenario que recibió el actual Gobierno?

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), en un monitoreo hecho en 2024 y publicado a mediados de este año, el país alcanzó las 261.000 hectáreas sembradas, representando un incremento del 3,5% al comparar esta cifra con las 253.000 hectáreas de 2023. Para hacer una equivalencia,  el aumento corresponde a unas 11.200 canchas de fútbol.

Este informe alertó sobre la concentración de los cultivos ilícitos en corredores estratégicos, pues de los 1.103 municipios que tiene el país unos 180 presentaban afectación por coca y en solo 10 concentraban cerca de la mitad.

En las regiones del Pacífico y el Catatumbo aumentaron 14% y 11%, respectivamente, las hectáreas cultivadas, mientras que se redujeron en el Putumayo-Caquetá (14%) y en la zona central del país (7%).

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Frente a este panorama, ¿qué ha hecho o qué planteó De la Espriella para cumplir lo propuesto en su campaña?

La derogatoria de la resolución que ordenaba suspender la aspersión aérea y el anuncio de un plan piloto para fumigar con glufosinato de amonio, la contratación de erradicación manual y la falta de claridad sobre los programas de sustitución voluntaria, marcan el balance de los primeros 100 días del Gobierno en materia de cultivos ilícitos.

Luis Fernando Niño, consejero de paz de Norte de Santander, sostuvo que es muy “prematuro en 100 días hablar de resultados o avances en sustitución de cultivos”.

Para Niño, los programas que se emplearon para la erradicación con las familias que se unieron a los mismos, “la mayoría de las veces no incentivaron que pudiese erradicarse la hoja de coca por otros tipos de alimentos o de sembrados que generen ingresos”.

Además, enfatizó que es necesario llevar también inversión social a estas zonas, para que las familias sean resarcidas económicamente mientras se da “el cambio de la hoja de coca al nuevo producto, por ejemplo, el cacao o la palma. Es decir, que ellas puedan recibir un estipendio para subsistir mientras hacen el paso de cultivo ilícito al cultivo lícito”.

El consejero de paz de Norte de Santander expuso que -en estos momentos- se están dando nombramientos del orden nacional, regional y local de los funcionarios que estarán a cargo de los programas de sustitución de cultivos y de los que “van a proyectar empresas de producción legal y avances en la infraestructura social, que son las promesas y políticas públicas que el nuevo gobierno ha propuesto para zonas tan complejas como el Catatumbo”.

Los campesinos sientan postura

Desde la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) se advirtió que la estrategia del actual Gobierno mantiene un enfoque similar al de administraciones anteriores y se aleja de las necesidades reales de las comunidades campesinas.

Juan Carlos Quintero, defensor de derechos humanos y directivo de la organización, precisó que hasta ahora no existe una transformación de fondo, al observar que  la administración está retomando fórmulas que ya han sido aplicadas sin resolver las causas del problema. “En nuestro criterio, la política de cultivos del actual presidente de la República no tiene nada de novedoso a lo que hemos visto en los últimos 35 años en Colombia y que claramente ha fracasado”, argumentó.

El dirigente campesino cuestionó que la estrategia vuelva a concentrarse en los productores de hoja de coca, marihuana y amapola, considerados como el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico.

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Aspersión aérea

Abelardo de la Espriella prometió utilizar herbicidas de última generación, diferentes al glifosato, para la aspersión aérea, como el glufosinato de amonio. Según el Gobierno, este químico no representaría riesgo para la salud ni para el medioambiente.

Sobre el punto anterior, el 28 de agosto, el Gobierno derogó la Resolución 6 de 2015, que había frenado las aspersiones aéreas con glifosato. Posteriormente, el 29 de septiembre, anunció un plan piloto de aspersión con glufosinato de amonio.

Sin embargo, explicó Quintero que la propuesta encontró un primer obstáculo judicial cuando el plan piloto fue paralizado mediante fallos como el del Tribunal Administrativo de Putumayo, por lo que el Ejecutivo no ha podido avanzar, por ahora, con la reactivación de las aspersiones aéreas bajo ese esquema.

Pero, además, a la discusión sobre las fumigaciones se sumó la adjudicación, el pasado 3 de octubre, de un contrato de erradicación manual por más de 60.000 millones de pesos. El proceso contempla intervenir hasta 37.316 hectáreas en 129 municipios de 12 departamentos, entre ellos Norte de Santander, mediante 22 grupos móviles de erradicación.

Sustitución voluntaria,en deuda

De acuerdo con Ascamcat, uno de los puntos más sensibles del balance es la continuidad de los programas de sustitución voluntaria, sobre los cuales el Gobierno no ha ofrecido claridad de los futuros compromisos adquiridos con las familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Quintero recordó que en el país alrededor de 99.000 familias firmaron acuerdos de sustitución en el marco del Acuerdo de Paz. A estas se suman familias inscritas en el programa Renacemos, con presencia en cerca de diez municipios del departamento.

Además, el defensor de derechos humanos puso sobre la mesa que la Sentencia SU-545 de 2023 de la Corte Constitucional, que surgió, entre otras acciones, de una tutela relacionada con comunidades de Tibú y Sardinata, impulsada por organizaciones campesinas y el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez.

La providencia estableció que el Estado debe respetar una jerarquía en los mecanismos de intervención frente a los cultivos ilícitos, entre los que destaca que primero se debe priorizar la sustitución voluntaria y, si esta fracasa, acudir a la erradicación forzada. La Corte también ordenó cumplir los acuerdos colectivos y garantizar los recursos necesarios para su implementación.

De la Espriella no arranca desde cero, porque tiene compromisos jurídicos y acuerdos colectivos que debe atender, especialmente en territorios vulnerables donde las comunidades ya asumieron la responsabilidad de abandonar los cultivos.

El Pacto Social por el Catatumbo

En marzo de 2025, el gobierno de Gustavo Petro suscribió la iniciativa Pacto Social para la Transformación del Catatumbo. Este documento, que tiene una vigencia de 10 años, se firmó para impulsar el desarrollo y la paz para esta región, que en enero de ese mismo año vivió el desplazamiento masivo más grande de la historia del país (más de 100.000 personas), al estallar la guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc.

El documento, que reúne las necesidades acumuladas durante más de cinco décadas debido al incumplimiento del Estado, abarca los municipios Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

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La iniciativa busca transformar al Catatumbo en un territorio ordenado y donde se involucra el Gobierno nacional, la Gobernación, las alcaldías, organizaciones sociales, juntas de acción comunal y los pueblos autóctonos.

Según reportes del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se hace seguimiento a 95 proyectos estratégicos con financiación asegurada, de los cuales más de 60 se encuentran en ejecución.

Recientemente, Luis Emil Sanabria Durán, líder social, resaltó la importancia de la iniciativa, que busca avances en materia de infraestructura, acceso a servicios básicos, vías terciarias, comercialización agropecuaria y generación de oportunidades económicas para este territorio. Sin embargo, fue enfático en que el desafío en este momento es lograr concretar los compromisos que se adquirieron con recursos, cronogramas de trabajo y seguimientos.

Luis Sanabria Durán, presidente nacional de Redepaz, indicó que este documento tiene una real trascendencia porque allí está el compendio de necesidades del Catatumbo, que sigue golpeado por las economías ilícitas, que agravan la crisis social de la zona. 

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