Docentes, periodistas, funcionarios públicos, miembros y presidentes de  juntas de acción comunal, comerciantes y mujeres, se han vuelto en blancos de la criminalidad y la violencia en Norte de Santander.

De esta situación dio cuenta la Defensoría del Pueblo, en un reciente informe emitido sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, a partir de las labores de monitoreo con su Sistema de Alertas Tempranas, SAT, que son elementos de prevención, en los que se identifican todos los hechos victimizantes y la población en riesgo.

Según este informe, que lleva por nombre “Los contrastes de la realidad humanitaria: un país que busca la paz”, y que fue presentado por el saliente Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en un conversatorio académico en EE.UU., Norte de Santander se encuentra entre los departamentos en donde se han levantado más alertas tempranas, que son reflejo del aumento de los escenarios de riesgo para la población civil. 

Le interesa: Así fue como estafaron en Cúcuta a más de 200 personas bajo el nombre de Xforex Point

El desplazamiento forzado, la trata de personas y la acción de las organizaciones armadas al margen de la ley, son las conductas delictivas por las cuales Norte de Santander ha sido objeto de alertas tempranas y se califica como uno de los departamentos más complejos.  

No obstante, Cúcuta, es el territorio más crítico, por cuanto en este momento es la ciudad  receptora de todas las personas que vienen desplazadas del Catatumbo, así como de la zona rural del municipio y de quienes se desplazan de manera interna, por cuenta de la incidencia criminal. 

En materia de trata de personas, también lidera en casos de este tipo, y que están asociados a las mismas estructuras criminales, que buscan por medio de la explotación, los recursos para su sustento. 

En la alerta temprana 030, emitida en agosto de 2023, en plena campaña por las elecciones a alcaldes y gobernadores, la Defensoría del Pueblo ya avisaba de la situación de vulnerabilidad de los derechos humanos frente al deterioro de la seguridad ciudadana. 

En dicho informe de vigilancia el ente defensor indicaba que ya para el primer semestre, en Cúcuta y el área metropolitana, presentaba diversos hechos violentos que colocan en riesgo a la población civil, asociados a la proliferación de estructuras de crimen organizado -algunas de carácter trasnacional- la lucha por el control del microtráfico en las comunas de la ciudad,  y la presencia de grupos al margen de la ley. 

La combinación de estos factores es lo que ha derivado en el aumento de amenazas a líderes, presidentes de juntas de acción comunal, homicidios y la configuración de actos terroristas en diversos sectores de Cúcuta, que la mantienen en el deshonroso listado de las  50 ciudades más peligrosas del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC.

Lea más: Alcaldía de Cúcuta anuncia medidas a la comunidad de Lleras Restrepo

La respuesta

Sobre la respuesta de las autoridades civiles y militares, frente a las alertas emitidas por la Defensoría ha sido débil, según el mismo organismo. 

“Tenemos un informe de seguimiento emitido en el 2021, respecto a la situación de violación de derechos humanos a líderes y defensores, en el que Cúcuta aparece dentro de los primeros 10 lugares, una tendencia que aún se mantiene”, explicaron desde la seccional regional de la Defensoría.
 
Esta calificación viene dada en razón de que “todas estas alertas tempranas, ya registran hechos consumados, lo que quiere decir que lo que se advirtió ya ocurrió”, apuntaron. Desde la entidad se sigue monitoreando e indicándoles a las entidades correspondientes el cumplimiento del deber funcional, pero aseguran se quedan cortos porque se ve la poca incidencia de la Defensoría frente a la realidad que está ocurriendo. 

¿Qué dicen las fuerzas de seguridad?

Sobre la situación de desplazamiento el teniente coronel Leonardo Cárdenas, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta, indicó que la incidencia de múltiples rentas criminales asociadas  al narcotráfico y contrabando, sumado a la problemática social de migración irregular, se han convertido en atractivos para grupos o estructuras armadas en la jurisdicción, las cuales en su afán de pretender monopolizar entran en disputa o confrontación armada.

A esto se suma la proximidad y porosidad  fronteriza que existe con el vecino país, de la cual se valen algunas organizaciones armadas para gravitar en ambos lados de la frontera, dificultado la acción de las autoridades.

Frente a la percepción del desborde de la capacidad institucional que se tiene desde los entes defensores de derechos humanos, el funcionario explica que la convergencia de problemáticas estructurales, relacionadas con altos niveles de desempleo,  informalidad y pobreza - que por décadas han afectado está zona del país- vienen incidiendo de manera directa en el surgimiento de riesgos sociales. 

Lea más: Una retaliación ronda el crimen de un hombre en el barrio Buenavista II de Villa del Rosario

La proliferación de los habitantes de la calle, prostitución, asentamientos humanos y población flotante, son consecuencia de ese fenómeno, ciudadanos que tienen un alto grado de vulnerabilidad, por lo que se convierten en blancos fácil de la criminalidad, ya sea como víctimas o victimarios. 

Frente a esta situación destaca el despliegue de la estrategia integral “Cúcuta Territorio Seguro”, que consta de 33 planes con enfoques diferenciales en los ámbitos preventivo, de control e investigativo; además del despliegue y cobertura del 100% de las capacidades humanas, técnicas y tecnologías contra el delito y la criminalidad; y la articulación permanente con las diferentes autoridades, entidades gubernamentales y administradoras de justicia.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion