En vilo se encuentran los habitantes de la provincia de Ocaña, la subregión del Catatumbo y el sur del departamento del Cesar frente a los sorpresivos ataques de los alzados en armas contra la Fuerza Pública.
En esta ocasión, la pesadilla la viven los moradores del municipio de El Carmen, en Norte de Santander, donde el estruendo de los artefactos explosivos desencadenó crisis nerviosas entre los vecinos, quienes solicitaron acciones para frenar la arremetida de los violentos.
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El alcalde de esa población, José Reinel Contreras, afirmó que, hacia las 11:30 de la noche del pasado lunes, la estación de la Policía Nacional fue nuevamente hostigada con drones.
El pueblo está asustado
Los coletazos de la violencia generaron zozobra e incertidumbre entre la ciudadanía, que no puede conciliar el sueño por el temor a ser alcanzada por los artefactos explosivos.
“Es tremendo, la gente tiene miedo ante el zumbido de esos aparatos no tripulados utilizados por los grupos al margen de la ley para intimidar a toda la población. Muchos padres de familia no enviaron a sus hijos a las escuelas y colegios”, exclamó una habitante de esa población, declarada bien de interés cultural de carácter nacional.
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Por la insensatez de unos cuantos se empaña la imagen de un municipio lleno de riquezas naturales y arquitectónicas. “Ahora, ¿Quién va a querer visitar la zona?”, se pregunta un coterráneo, quien advierte que esta situación disminuye el flujo de turistas. Además, expresa su temor a repetir la historia de la violencia, cuando la lucha fratricida entre liberales y conservadores ocasionó un gran derramamiento de sangre.
Arremetida sin cuartel
La confrontación armada se ha intensificado en los últimos días en la zona del Catatumbo, donde algunos líderes sociales proponen una salida negociada a través del diálogo para lograr la convivencia pacífica.
“Urge desescalar el conflicto. Este Gobierno no lo ha contemplado ni lo piensa hacer. La misma posición la mantienen los grupos; no se ven en estos momentos acercamientos por ningún lado. Estamos a expensas de sus acciones y llenos de incertidumbre por lo que pueda seguir ocurriendo, debido al manejo que el Estado le está dando al orden público”, manifestó Alba Luz Trigos, de la Red de Mujeres del Catatumbo.
La defensora de derechos humanos lamenta los acontecimientos registrados durante los primeros dos meses del actual presidente y advierte que no se vislumbra una alternativa para calmar los ánimos en el territorio. Según señaló, la guerra se ha trasladado de las zonas rurales a los cascos urbanos, donde la población civil resulta afectada.
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“La afectación con drones en municipios como El Tarra, Tibú, Sardinata, Ocaña, Convención y El Carmen ocasiona un temor generalizado y, obviamente, un desplazamiento forzado gota a gota, pues los campesinos prefieren salir corriendo para proteger a sus seres queridos”, precisó la defensora de derechos humanos.
Excluir a la población civil
El estruendo de los actos terroristas tiene repercusiones a nivel nacional, pero el problema persiste sin una ruta clara que oriente a los habitantes de la región sobre el futuro de una subregión con gran potencial agrícola.
“Veo con profunda preocupación la situación que atraviesa nuevamente el Catatumbo. Los enfrentamientos y ataques que se están presentando ponen en riesgo a nuestras comunidades y generan miedo e incertidumbre entre familias que durante años han tenido que vivir las consecuencias del conflicto”, manifestó la representante por la curul de paz, Tatiana Gaona Pinzón.
“Mi llamado a todos los grupos armados es claro: saquen a la población civil de la confrontación y cesen cualquier acción que ponga en riesgo su vida e integridad. Hay que respetar las escuelas, los centros de salud y, sobre todo, mantener a nuestros niños, niñas y jóvenes completamente por fuera de la violencia”, reiteró.
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La parlamentaria reclamó una presencia integral del Estado. “El Catatumbo requiere seguridad, pero también educación, salud, oportunidades de trabajo, emprendimiento, alternativas para nuestros jóvenes y familias campesinas. Desescalar el conflicto es urgente, pero construir condiciones para que la violencia no siga repitiéndose también lo es. Nuestra gente necesita recuperar la tranquilidad y poder construir su futuro sin miedo”, puntualizó la congresista.
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