Al cumplirse 100 días de la posesión de Abelardo de la Espriella en la Presidencia, el sector educativo de Norte de Santander y del país está preocupado por una serie de medidas y anuncios que podrían afectarlo en los próximos años.
Aunque en su programa de gobierno, el mandatario hizo propuestas relacionadas con el cero adoctrinamiento, la doble titulación, la priorización de materias y la reparación de colegios, hoy en día sus decisiones en materia educativa se han caracterizado por los recortes presupuestales, medidas para frenar las protestas y por proyectos de ley que buscan la concesión escolar y generar cambios en el acceso a la educación.
En ese sentido, uno de los hechos tiene que ver con el Presupuesto General de la Nación para el 2027, dentro del cual se determinó, para el caso de Norte de Santander, un recorte de $17.776 millones para la educación en el próximo año. Ese dato surge de comparar los $373.000 millones de este año frente a los $355.000 millones para 2027.
Dentro de la disminución de las partidas, una de las que mayores reclamaciones se relaciona con el rubro destinado para la política de gratuidad, que será únicamente de $32.515 millones en el 2027, frente a los más de $80.000 millones que se aprobaron para el presente año.
Los riesgos de perder la matrícula 0
Pablo Echavarría, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, manifestó que si por el recorte la política de gratuidad llegase a terminar, esto causaría una deserción estudiantil y una futura crisis de profesionales en Colombia.
“Habría una deserción de aproximadamente el 80 por ciento de la población estudiantil de la educación superior porque las matrículas están en un promedio de cuatro millones de pesos y la mayoría de los estudiantes son de estrato dos y tres”, explicó.
El líder estudiantil también mencionó que esto les genera preocupación porque la educación es una salida al conflicto y al reclutamiento. Según indicó, ello sumado a la alta informalidad del territorio haría a los jóvenes más vulnerables frente a dichos riesgos.
Javier Soledad, presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Norte de Santander, también indicó que la pérdida de un beneficio como la matrícula cero generaría un efecto dominó en Norte de Santander, donde instituciones como la Universidad Francisco de Paula Santander, sedes Cúcuta y Ocaña, son la principal válvula de escape a la exclusión social.
Aseguró que este hecho podría causar consecuencias como el cierre del acceso a la educación superior, porque para estudiantes de municipios de la subregión del Catatumbo pagar una matrícula universitaria, más comida y hospedaje es económicamente imposible.
En términos cuantitativos, afirmó que en Norte de Santander quedarían desamparados o con el riesgo de congelar sus estudios, entre 18.000 y 25.000 jóvenes de educación superior de los estratos 1, 2 y 3.
Además, el dirigente sindical precisó que podría presentarse un aumento en la deserción escolar y universitaria.
“Sin el subsidio, la mayoría de los jóvenes matriculados en primer y segundo ciclo abandonarían la universidad para integrarse a la economía informal, labores del campo o economías ilícitas”, advirtió.
Por otro lado, destacó que existiría mayor vulnerabilidad al reclutamiento ilegal porque en el Catatumbo, precisamente, la educación superior no es solo una oportunidad académica; sino un factor de protección social y de vida frente al conflicto armado.
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En estos aspectos coincide Oscar Aldana, rector de la institución educativa Julio Pérez Ferrero, quien señaló que la terminación de la política de gratuidad disminuiría de manera sustancial la oportunidad de ingreso a la universidad a los jóvenes que están terminando bachillerato.
“Si ya es alto el índice de jóvenes que no quieren estudiar, los que sí lo desean van a desistir con este nuevo obstáculo. Es claro que la ausencia de la gratuidad los hace aún más vulnerables a las ofertas que se utilizan ahora para seducirlos hacia el crimen”, añadió.
A su turno, Hugo Cárdenas, secretario de asuntos laborales y jurídicos de Fecode, manifestó que una terminación de la política de gratuidad impactaría a las nuevas generaciones en su derecho de ingresar a la universidad.
Cárdenas expresó que esta medida, sumada al alza en el costo de la vida, le haría imposible a los padres poder pagar la universidad de sus hijos.
“Los jóvenes quedarían sin ninguna alternativa desde el punto de vista de su proceso formativo. También es preocupante pues está demostrado que después de noveno grado, la juventud busca alternativas diversas y ahí es donde aprovechan los grupos ilegales para reclutarlos”, sostuvo.
El amenazante reclutamiento
Sobre el panorama del reclutamiento forzado de menores en el departamento, Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz de Norte de Santander, detalló que el Catatumbo es precisamente la región donde mayor reclutamiento se ha presentado, después del Putumayo y de la zona sur.
El funcionario informó que solo entre el primero de enero del 2026 al 30 de junio, se han reportado 23 casos de reclutamiento forzado comprobados.
Sin embargo, aclaró que esta cifra tiene un subregistro pues hay casos que no se conocen debido a la falta de denuncias.
“Es tanto el nivel de proyección de este reclutamiento que cuando han existido bombardeos o combates en el Catatumbo cada vez aparecen menores de edad involucrados en la guerra. Lamentablemente esto no se detiene, por el contrario, por los 22 meses de guerra han reclutado más personal, entre ellos niños y niñas que se han ido de las escuelas”, expuso.
Por su parte, Juan Carlos Quintero defensor de derechos humanos y directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo, afirmó que las dificultades de acceso a la educación impiden cualquier posibilidad de progreso en la población infantil y juvenil de los territorios más apartados del país, incluida la región del Catatumbo.
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Quintero señaló que en esas circunstancias es cuando los menores ven entonces como una opción la vía de los grupos armados ilegales.
Con respecto a cifras de este problema, el defensor explicó que solamente en el 2025, durante los primeros meses, 36 menores fueron reclutados, según las Naciones Unidas. Asimismo, resaltó que a lo largo de todo el año, se reportaron 70 casos.
“Cabe aclarar que los municipios con más exposición a esa práctica ilegal son Tibú, El Tarra, Sardinata, Teorama y Convención”, agregó.
Igualmente, comentó que el reclutamiento se da sobre todo en un rango de niños y niñas entre 12 y 15 años.
Por lo mismo, Quintero manifestó que es necesario fortalecer la prevención, garantizar la permanencia escolar y establecer mecanismos efectivos para recuperar y restablecer los derechos de los menores de edad.
Concesión escolar y otras preocupaciones del sector
Lo planteado en el proyecto de Decreto de Concesión Escolar no resolverá el problema de la educación ni de los resultados de las pruebas externas, porque es bien sabido que en Cúcuta los índices más bajos corresponden, precisamente, a los colegios en concesión, es la advertencia de Oscar Aldana, rector de la institución educativa Julio Pérez Ferrero.
El secretario de asuntos laborales y jurídicos de Fecode, Hugo Cárdenas, rechazó la anunciada modificación del Decreto 1075, porque en su parecer busca privatizar la educación, pagar un favor político y desnaturalizar la financiación de la educación pública.
De igual manera, comunicó su preocupación por el recorte del presupuesto para la educación porque implicará la congelación del ascenso de maestros que había sido pactado con el anterior gobierno. Asimismo, declaró que existe temor por la posible modificación de programas que se tenían planteados para el presente año.
“Podemos decir que hay un congelamiento de proyectos para este año por $700.000 millones. Eso implicará recortes y la clausura de algunos programas educativos”, puntualizó.
Además, el vocero de Fecode dijo sentirse preocupado por algunos proyectos de ley, como el 074 que trata de caracterizar como un servicio esencial la educación.
Según sus palabras, su implementación sería un duro golpe al sindicalismo colombiano, ya que entre otras medidas, establece prohibiciones para las manifestaciones y paros.
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De igual forma, advirtió que el proyecto 126 de bonos escolares busca fraccionar la educación, pretendiendo entregar unos voucher a grupos seleccionados para que estudien.
“Esto debilitaría los recursos estatales y va a provocar que haya más politiquería. También nos preocupa el proyecto 249 que busca darle facultades al presidente para que vuelva más pequeño el Estado con un despido masivo de trabajadores, dentro de los cuales nosotros nos veríamos afectados”, señaló.
Otro tema que preocupa al magisterio, según afirmó Oscar Aldana, es el anuncio del cese de los concursos de ascenso y de educación.
De acuerdo con el rector, esto incide negativamente para aquellos maestros que han venido preparándose y mejorando sus aprendizajes con maestrías y doctorados.
Entretanto, Pablo Echavarria destacó que otra medida que le genera preocupación a la comunidad estudiantil es la autorización dada a la Fuerza Pública para ingresar a las universidades públicas en caso de disturbios.
El vocero de ACEU sostuvo que esto los perjudica porque viola la autonomía universitaria y podría provocar enfrentamientos hacía sus movimientos y luchas.
Más riesgos del recorte presupuestal
El presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Norte de Santander expresó que el recorte directo sobre la cartera educativa frena drásticamente la inversión destinada e imposibilita la mejora de aulas en estado crítico y otros aspectos como el acceso a agua potable, electricidad y conectividad, especialmente en las veredas más apartadas del Catatumbo.
“Esto también deja sin fondos las becas de manutención y subsidios de transporte, indispensables para la permanencia de los estudiantes rurales”, afirmó.
Adicionalmente, denunció que el recorte vulnera las condiciones laborales del magisterio el cual conquistó un régimen especial de salud como parte de sus luchas sindicales.
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