Una denuncia penal radicada recientemente ante la Fiscalía General de la Nación abrió una nueva línea de investigación en el sonado caso del envenenamiento de dos menores con frambuesas contaminadas con talio en Bogotá, en el que acusan a Zulma Guzmán.
En esta ocasión, la familia de Alicia Graham —madre de una de las niñas— acusó formalmente a su viudo, Juan de Bedout Vargas, por su presunta responsabilidad en la muerte de la mujer, ocurrida en agosto de 2021, a pesar de tener una razón médica.
A diferencia de las diligencias previas relacionadas con la intoxicación de las menores, esta acción judicial no apunta contra la empresaria Zulma Guzmán Castro. El recurso fue interpuesto por los allegados de Graham a través del abogado penalista David Espinosa Acuña, quien solicitó esclarecer las circunstancias reales del deceso.
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Alicia Graham falleció el 17 de agosto de 2021 en la Fundación Santa Fe de Bogotá. En ese momento, el caso no fue tratado ni investigado como una muerte violenta, debido a que la explicación médica conocida por su entorno atribuía el deterioro de su salud a un cáncer terminal.
Tras el fallecimiento, el cuerpo fue cremado. Sin embargo, el escrito presentado ante el ente acusador sostiene que la muerte pudo estar provocada por la ingesta de talio, un metal pesado altamente tóxico.
Según el documento, los denunciantes recopilaron elementos materiales que advertirían sobre un posible “envenenamiento progresivo” y sobre presuntas “actuaciones destinadas a ocultar la causa real del deceso”.
La prueba de laboratorio ausente en la historia clínica
Entre los soportes entregados a la Fiscalía destacó un examen toxicológico de orina practicado a Graham por el laboratorio Labintox el 3 de agosto de 2021, dos semanas antes de su muerte. De acuerdo con la representación jurídica de la familia, los resultados de dicha prueba arrojaron una concentración de 672,9 microgramos por litro de talio en el organismo de la paciente.
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El informe del laboratorio habría sido remitido a la Fundación Santa Fe el 14 de agosto de 2021, exactamente tres días antes de que se produjera el fallecimiento. No obstante, los familiares denunciaron que ese registro toxicológico no figura en la copia de la historia clínica que les fue entregada con posterioridad.
Ante esta inconsistencia documental y los antecedentes recientes del caso de las menores en Bogotá, los denunciantes pidieron a la Fiscalía investigar el paradero de dicho examen, determinar por qué no fue incluido en el expediente médico oficial y establecer la eventual responsabilidad penal de Juan de Bedout Vargas en estos hechos.
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