La revisión de la implementación del Acuerdo de Paz que impulsa el gobierno de Abelardo de la Espriella promete convertirse en uno de los nuevos frentes de discusión política del país.

La administración sostiene que, después de una década, es necesario revisar realmente qué resultados ha dejado el acuerdo y qué aspectos requieren ajustes; pero hay desarrollos jurídicos que quedaron amparados por la Constitución y que ponen ciertos límites a lo que el Gobierno puede modificar.

El punto de partida está en el Acto Legislativo 02 de 2017, que incorporó a la Constitución disposiciones transitorias relacionadas con la implementación del Acuerdo Final y estableció que las actuaciones de las autoridades deben guardar coherencia con lo pactado y desarrollarse de buena fe.

De ahí que cualquier intento de modificar o frenar aspectos de su implementación tenga límites jurídicos.

El debate llegará el próximo 12 de octubre al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; aunque desde este jueves el país ya conocerá el nuevo informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU.

Y en el Consejo de Seguridad el Gobierno presentará su posición frente al Acuerdo de Paz, en medio de una revisión interna sobre la manera en cómo se ha ejecutado el pacto y sobre los cambios que buscaría introducir en su implementación.

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Ahora, la posición del Ejecutivo no llegará de sorpresa al escenario internacional. El viraje de esta administración frente a los temas de paz se nota con respecto a su antecesor.

Los posibles cambios

Durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller Omar Bula informó al Reino Unido —país encargado de liderar los asuntos relacionados con Colombia en el Consejo de Seguridad— que el Gobierno pretende “remoldear” el acuerdo en función de las prioridades fijadas por el presidente.

Desde el Gobierno sostienen que la discusión debe darse a partir de los resultados obtenidos durante estos años. El embajador de Colombia ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, defendió la revisión y afirmó en diálogo con El Tiempo que “este es un gobierno de leyes, que va a aplicar la Constitución, respeta el derecho internacional”.

Pero agregó que el proceso de paz debe funcionar y que, frente a los resultados en materia de seguridad, organizaciones criminales y producción de cocaína, “realmente merece ser revisado”.

Entre los componentes que están bajo observación aparecen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el plan de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS) y las entidades encargadas de la reincorporación y la reforma rural. Por ahora, el Gobierno no ha detallado qué programas continuarán bajo su actual estructura y cuáles tendrán modificaciones.

Algunas de las pistas sobre cambios en esa materia las ha dado el presidente; lo hizo, por ejemplo, a mediados de julio, antes de posesionarse. En una alocución, De la Espriella anunció la eliminación de cargos en el Ejecutivo: “Se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno”.

También sostuvo que, desde el 7 de agosto, el objetivo sería “el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento”. En ese mismo proceso de reestructuración, el entonces presidente electo anunció que la Unidad de Implementación del Acuerdo Final trasladaría sus funciones al nuevo Comisionado Nacional de Seguridad.

Hay que recordar que hace un año el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por 12 meses más el mandato de la Misión de Verificación en Colombia. Sin embargo, la decisión dejó por fuera dos de sus tareas: la supervisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al Capítulo Étnico del acuerdo.

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En ese entonces, Estados Unidos fue uno de los miembros que no respaldó la continuación del mandato con respecto a la JEP. Argumentó que el modelo “promueve la impunidad” y señaló las diferencias que existen en el país frente a si ha cumplido o no su tarea.

¿Qué estaría sujeto a cambios?

Para Leonardo González, director de Indepaz, es válida la revisión, sobre todo tras una década de la implementación del Acuerdo. “Hay problemas evidentes de ejecución, proyectos que avanzan muy lento, recursos que no siempre se traducen en cambios estructurales en los territorios y una falta de articulación entre las distintas entidades”, señaló.

Sin embargo, marcó una diferencia entre revisar la ejecución y modificar los compromisos. “Ahí hay líneas rojas. Los derechos de las víctimas, por ejemplo, la justicia transicional, la reincorporación, la seguridad de los firmantes”, afirmó.

Y sobre la situación de inseguridad, el director sostuvo que esto no demuestra que el Acuerdo de Paz haya sido un error. Sino que “muestra todo lo que quedó pendiente”.

Para Laura Bonilla, de la Fundación Pares, la JEP es el punto de mayor tensión. Intentar modificarla podría meter al Gobierno en una batalla legislativa en el Congreso y en disputas legales, debido a que ya forma parte del marco constitucional.

En el plano administrativo, el Gobierno tiene margen para modificar estructuras y definir prioridades, incluso optando por reducir su intervención. Podría, por ejemplo, hacer cambios en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, mediante reducciones presupuestales.

“Los programas de sustitución tampoco era que estuvieran funcionando muy bien, desde el gobierno Santos hasta hoy, y tienen muchas dificultades para implementarse efectivamente en las zonas cocaleras porque son muchísimas miles de hectáreas”, señala a modo de balance Bonilla.

Tomado de El Colombiano.

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